El conseller d'Agricultura, Mateu Morro, y el subsecretario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel Lamela,
firmaron ayer el convenio para poner en marcha en Balears el Plan
Nacional de Regadíos, que prevé hasta 2008 una inversión en las
Islas de casi 36 millones de euros, a repartir al 50 por ciento
entre ambas Administraciones, para actuar sobre un total de 6.781
hectáreas.
Entre los objetivos que se marca el convenio, se encuentran:
optimizar el riego con el agua disponible y mejorar los regadíos ya
existentes; fomentar la incorporación de nuevas tecnologías;
contribuir a la recuperación de acuíferos sobreexplotados o con
riesgo de salinización; y propiciar transformaciones de superficie
de secano en regadío aprovechando las aguas depuradas o mediante la
sustitución del uso para riego agrícola del agua de pozos por agua
regenerada.
El Plan Nacional de Regadíos prevé para Balears dos tipos de
actuación: el programa de consolidación y mejora, y el programa de
regadíos sociales. El primero se dirige a la mejora de los sistemas
de regadío ya existentes para optimizar el riego con agua
disponible. Este objetivo se conseguirá a través de la reparación
de estructuras hidráulicas, la modificación del sistema de
transporte y distribución, cambios en el sistema de aplicación del
riego y otras actuaciones complementarias.
En este primer programa se ha planificado una actuación sobre
una superficie de 4.531 hectáreas con un presupuesto de 11'7
millones de euros. Los municipios donde se actuará son los
siguientes: Capdepera, Felanitx, Sóller-Fornalutx, Manacor,
Banyalbufar, Estellencs, Alaró, Bunyola, Lloseta, Palma, Pollença,
Ariany, sa Pobla y ámbitos plurimunicipales de Menorca y
Eivissa.
El segundo programa, regadíos sociales, se dirige básicamente a
la ejecución de obras que propicien la transformación de superficie
de secano en regadío mediante la instalación de sistemas de riego
con aguas regeneradas o la sustitución de riego con agua
subterránea por agua depurada. El programa de regadío social
afectará a 2.250 hectáreas y supone una inversión pública de 24
millones de euros.
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