Cando se cumplen dos meses del hundimiento del 'Prestige' frente
a las costas gallegas, la marea contaminante y sus consecuencias
políticas no dejan de crecer. Y no es de extrañar, porque la que ya
se considera la peor marea negra ocurrida en la historia europea
está generando enfrentamientos políticos de calado.
A la inicial torpeza por parte del Gobierno, hay que añadir
ahora la negativa incomprensible a que los altos cargos y los
técnicos dependientes de la Administración central comparezcan en
la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego, tras
torpedear la posibilidad de que el Congreso de los Diputados
llevara a cabo sus propias indagaciones.
Como reacción a esta postura, socialistas y nacionalistas han
abandonado ya la comisión gallega por considerar que nada hay que
hacer ante la actitud de Madrid, que niega la información precisa
para elaborar los informes que aclaren por qué se llegó a la actual
situación.
El ministro Javier Arenas, para justificarse, ha respondido que
«todo lo referente al 'Prestige' está explicado», lo que,
obviamente, no está tan claro. Realmente es incomprensible que el
mismo Gobierno que pide ayuda a las comunidades autónomas -Antich
visita estos días la zona asignada a Balears- se niegue a coloborar
con la autonomía más afectada y que tiene todo el derecho a
investigar lo que ha sucedido. En opinión de IU, la decisión
gubernamental «incumple el mandato constitucional de cooperación
entre administraciones y da a entender que el Gobierno tiene algo
que ocultar».
Una idea que compartirá el común de la ciudadanía si se reitera
la tozudez en boicotear cualquier intento de dilucidar qué ocurrió
realmente en los primeros momentos de una catástrofe que todavía
hoy sigue dando ejemplos de entrega y solidaridad por parte de los
voluntarios.
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