Hoteleros baleares reclaman en los juzgados 60 millones de euros a un mayorista alemán

La vista de celebrará el próximo día 31 de enero en un juzgado de Primera Instancia de Manacor y, según el abogado que defiende los intereses de los empresarios, Antonio José Diéguez, «toda la jurisprudencia existente en torno a los contratos con garantía, que no es mucha, da la razón a los hoteleros».

Hasta ahora, dos instancias se han pronunciado a favor de los empresarios del sector de alojamiento, ya que una sentencia de un juez de Primera Instancia y otra de la Audiencia de Palma, han condenado al mayorista. Los contratos en garantía no forman parte del código comercial, pero han nacido con la práctica derivada del interés de los grandes mayoristas de asegurarse un determinado número de plazas a cambio de abonar por adelantado el importe de las mismas. Ello les permite atender a las necesidades de sus clientes, cuando la demanda es superior a la oferta.

LTU, en este caso, alega que se vio en la obligación de rescindir los contratos debido al descenso de la actividad turística en los países emisores. Una de las empresas perjudicadas es el complejo mallorquín Can Simó, de Cala Millor, que reclama unos 220 millones de pesetas (unos 13 millones de euros), ya que LTU incumplió el compromiso de abonar durante dos años las plazas reservadas en los 112 apartamentos de los que consta la instalación vacacional.

Los representantes de la empresa germana se negaron, en un principio, a que el pleito fuese resuelto en Balears, ya que solicitaban la competencia para los tribunales de Alemania. En 1998, un juzgado de Primera Instancia falló a favor de hoteleros de Balears que reclamaban a SAS Leisure AB el pago de cientos de plazas de alojamiento no abonadas por el mayorista. En esa ocasión, SAS también alegó que una crisis monetaria le había impedido cumplir el contrato, pero el juez desestimó esa línea de defensa y condenó al mayorista.