15/01/03 0:00
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Aunque ya estamos acostumbrados a esta noticia, a primeros de año vuelve a golpearnos con idéntica fuerza: Balears encabezó el incremento de los precios a lo largo de 2002 en la estadística nacional. Nuevamente los ciudadanos de estas Islas tenemos que soportar, además de los costes adicionales que supone la insularidad, unas subidas de precios que se sitúan en el 4,5 por ciento, constituyendo, como aduce la oposición, «el impuesto más injusto, porque afecta a todos, con independencia de su nivel de renta».

Así están las cosas y, mientras en el resto del país la media se sitúa en el 4 por ciento -el doble de las previsiones del Gobierno para el año-, aquí tenemos que añadir medio punto más, sin duda por el efecto que la picaresca -sobre todo en el sector de la hostelería y la oferta complementaria- ha ejercido en el redondeo del euro, que ha desorbitado muchos precios. Y eso es enormemente negativo si tenemos en cuenta que Alemania, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Balears, registra un incremento de sólo el 1,1%.

Y eso que, por ejemplo, el aumento del precio de la vivienda se situó en 2002 en las estadísticas en un 2,9 por ciento, cifra del todo inverosímil si nos atenemos a los vaivenes del mercado inmobiliario en los últimos meses.

Desde el Gobierno, como estamos acostumbrados también, prefieren seguir mirando hacia otro lado y auguran -como siempre lo hacen, aunque no se cumpla- una contención en los próximos meses. Sindicatos, patronal y oposición, por contra, han visto en estos datos un verdadero problema que no sólo resta poder adquisitivo a un ritmo alarmante al común de la ciudadanía, sino que provoca una preocupante pérdida de competitividad a nuestras empresas. Todo lo cual, unido al estancamiento económico y del mercado laboral, dibuja un panorama difícil que el Ejecutivo debería afrontar con seriedad en lugar de cerrar los ojos a la espera de que un milagro solucione las cosas.