Salom sostiene que «otras comunidades autónomas muy conocidas
por su producción vinícola como La Rioja, Catalunya o Andalucía,
tienen su ley sobre drogodependencias que incluye el vino, igual
que nuestro anteproyecto, y para nada ha perjudicado al sector
vinícola», apostilló la consellera y añadió que la intención del
Ejecutivo no es, «para nada», la de perjudicar a los productores de
vino, sino conseguir una buena ley que regule las drogodependencias
y las conductas adictivas.
Por su parte, Pere Calafat, secretario general de Unió de
Pagesos, exigió ayer que el anteproyecto de ley de
drogodependencias excluya el vino a través de una cláusula
adicional que reconocería a las «bebidas alcohólicas naturales
procedentes de la agricultura» para diferenciarlas de los procesos
industriales o de destilación. Calafat, vitivinicultor de larga
trayectoria, destacó que «nosotros elaboramos vino, no fabricamos
vino. La mayoría de comunidades autonómas han excluido el vino de
sus leyes de drogodependencias al tener en cuenta que es un
alimento natural, sano y saludable, especialmente cardiosaludable,
como así lo demuestran médicos y científicos».
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