La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Balears (TSJB) registró en 2002 un total de 52
reclamaciones de abogados por honorarios no abonados por sus
clientes, frente a los 30 casos denunciados en 2001, con un aumento
en ese apartado del 73%. Los que se denomina como jura de cuentas
consiste en que los letrados que llevan un procedimiento judicial
pueden recurrir según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC), y a través del mismo juzgado que lleva el asunto, los
abogados están facultados para reclamar lo adeudado por sus
clientes.
El decano del Colegio de Abogados de Balears, Joan Font, explicó
a este diario que la jura de cuentas se ciñe «de forma exclusiva a
los procedimientos judiciales, excluyendo al resto», y destacó que
la entidad no lleva una estadística de honorarios sin abonar.
«El Colegio de Abogados solo tiene constancia de esas
situaciones cuando el letrado emplea el procedimiento que tiene a
su alcance, el cliente lo impugna al juzgado y éste nos da traslado
para que emitamos un dictamen», dijo Font. «Si no hay oposición del
cliente», subrayó, «el asunto no llega nunca a conocimiento del
Colegio».
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
TSJB dictó un total de 1.072 sentencias, resolvió 1.473 recursos e
intervino en 134 apelaciones en 2002.
El secretario de la Sala, Ramón Reig, reiteró que lo Contencioso
Administrativo está «colapsado» ante la avalancha de asuntos que
cada día entran, y por ello, reiteró la necesidad de reforzar las
distintas salas. Señaló, en ese contexto, que se había solicitado
la creación de una nueva Sección, que apoye a la que existe con el
mismo número de magistrados. «Las tramitaciones de los asuntos son
muy largas, se pide mucha prueba, tanto pericial como testifical, y
eso alarga los asuntos de forma excesiva, todo ello, sin contar con
otro tipo de trabajo, como la de atender la extensísima
correspondencia, cumplimentar los exhortos y atender al teléfono»,
dijo Reig.
La Sala de lo Contencioso- Administrativo, asimismo, debe
pronunciarse sobre cuestiones muy complejas, como los asuntos
relacionados con el urbanismo, cuya resolución lleva mucho
tiempo.
Todo ello, a la espera de que empiecen a entrar los recursos que
presentarán los hoteleros de Balears en contra de la implantación
por parte del Govern de la ecotasa, el impuesto que pagan los
turistas por pernoctar en las Islas.
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