El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha confirmado la
moratoria urbanística -que supone la suspensión del otorgamiento de
licencias- aprobada por el Consell en 2000- al rechazar cinco
recursos presentados por diversos promotores en contra de la
suspensión cautelar de licencias. Las diversas sentencias, de
contenido similar a la referida al Consell d'Eivissa que adelantó
Ultima Hora, aportan argumentos de todo tipo para
rechazar las peticiones de los promotores, con el hilo común de que
la decisión del Consell no supuso una invasión de competencias
municipales ya que la ordenación del territorio se superpone a la
competencia municipal de urbanismo.
Las sentencias también coinciden en que la moratoria no supone
una privación de los derechos urbanizatorios ya que simplemente los
limita de forma temporal. Añaden que la norma no es más que una
medida cautelar que no modifica la clasificación del suelo. Por
esta razón, ante las reiteradas peticiones de indemnización por
parte de los promotores, los magistrados precisan que será el
futuro Plan Territorial de Mallorca «el que genere eventuales
derechos a indemnización». Los magistrados también reconocen que el
Consell tenía plenas competencias para aprobar la moratoria.
La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, se
mostró ayer muy satisfecha con estas decisiones judiciales además,
según dijo, confirman que no existe ningún tipo de inseguridad
jurídica. «Mientras no se levante la moratoria, Mallorca estará más
protegida que nunca», dijo la presidenta.
La presidenta del Consell confirmó que las normas cautelares no
se levantarán hasta que no esté aprobado el Plan Territorial y
añadió que será a partir de entonces cuando deba hablarse de ley de
cupos. «Con la moratoria aprobada la ley de cupos no tiene
sentido», dijo la presidenta.
La presidenta señaló además que los promotores no se tendrán que
preocupar, aunque sí recalcó que deberán adaptarse a los nuevos
tiempos. «Ahora vendrán menos empresas de fuera para construir y
menos inmigrantes a trabajar; habrá menos conflictividad y no habrá
tanto paro», señaló la presidenta de la institución insular.
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