El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a concurso público, por
un valor total de 200 millones de euros, las cuatro plantas
desaladoras que aprobó para Balears (Ciutadella, Alcúdia, Andratx y
Santa Eulàlia) pese a contar con la oposición del Govern de les
Illes Balears, que da prioridad al aprovechamiento de sa Costera
(obra no iniciada, también a financiar por el Ministerio) y a una
serie de infraestructuras hidráulicas complementarias para
garantizar el suministro de agua.
El valor de las cuatro desaladoras equivale a 3'5 veces el
presupuesto de sa Costera y debe ser financiado íntegramente por la
Unión Europea. El alto coste de estas plantas de tratamiento se
debe a que el concurso incluye su explotación privada durante 15
años con un volumen determinado de agua a suministrar, oscilando
entre 10.000 y 14.000 metros cúbicos diarios.
El director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea,
ha expresado su disconformidad con el procedimiento del Ministerio
de Medio Ambiente (dirigido ahora por Elvira Rodríguez tras suceder
a Jaume Matas) al considerar que «la aprobación de las desaladoras
vulnera el propio Estatut, que atribuye a la Comunitat Autònoma las
competencias exclusivas en gestión del agua. Es por ello que vamos
a presentar ante el Ministerio un requerimiento al llevar adelante
actuaciones sin un acuerdo con el Govern. Si tampoco así hay
respuesta, plantearemos un conflicto de competencias».
Rodríguez rechaza que estas desaladoras sean necesarias: «Con sa
Costera, cuyas obras no se han iniciado, los pozos que se han
abierto en Ciutadella y las nuevas arterias de conducción de agua
en Mallorca, en el eje Palma-Alcúdia, y en Eivissa, en el eje
Vila-Sant Antoni, es más que suficiente para garantizar el
suministro.
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