El Gobierno ha dado un paso más en la tarea de reducir las
dramáticas listas de fallecidos y heridos en los accidentes de
tráfico en nuestro país. Después de un verano especialmente
trágico, las cifras de muertos que se cobra cada año la carretera
son un lastre que -aunque ha mejorado a lo largo de los años- una
Administración pública no debe tolerar.
De ahí que se aprueben ahora una serie de medidas tendentes a
mejorar la seguridad en las vías, aunque en opinión de algunos la
reforma llevada a cabo llega tarde y con pocas novedades, amén de
dejar en el arcén otras medidas reclamadas por los expertos.
Así, por ejemplo, hay que aplaudir las exigencias de mayor
seguridad para ciclistas y niños y la calificación de falta muy
grave para la conducción bajo los efectos del alcohol y de la
droga. Pero se echa de menos la incorporación de sanciones más
fuertes a quienes incumplan el código de circulación de forma
reiterada y quizá parezca algo exagerada la obligatoriedad de
llevar un chaleco reflectante para casos de emergencia cuando ya se
exige el uso de los triángulos señalizadores.
De cualquier forma, todas y cada una de las medidas que se
adopten con la intención de evitar accidentes de tráfico o de
minimizar sus gravísimas consecuencias deben ser bienvenidas, pero
da la impresión de que el texto aprobado ayer se limita a poner en
orden viejas obligaciones y a incorporar algunos detalles, dejando
de lado una profunda revisión de las normas de circulación. Pues
sólo una verdadera batalla contra las infracciones con toda la
dureza de la ley podrá, de una vez, concienciar a los conductores
de que, cuando están en la carretera, entre sus manos llevan un
arma de doble filo.
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