Neus Santaner, secretaria general del STEI, aseguró ayer en
referencia al anteproyecto de decreto sobre evaluación del catalán
que «es muy diferente formar parte de un tribunal de oposiciones,
donde los funcionarios tienen unas obligaciones regladas que ser
obligados a corregir unas pruebas de nivel de catalán, para las
cuales los funcionarios docentes no tienen ninguna obligación».
Santaner informó que «estudiaremos la legalidad del documento.
Ahora bien, el Govern puede aprobar el anteproyecto y legalizar
unas obligaciones que antes no estaban contempladas. Pero esto
significa crear, de inmediato, un descontento generalizado entre
los profesionales de la enseñanza en catalán. Y no creo que le
convenga demasiado al Ejecutivo balear tener a toda esta gente en
contra. No aceptaremos un 'decretazo' del Govern para suprimir la
Junta Evaluadora del Català (JAC)».
Santaner dijo irónicamente que «en el STEI aún no hemos recibido
el anteproyecto de forma oficial. Y creo que en una situación
normalizada tendríamos que haberlo recibido. Deseamos negociar con
normalidad, no aceptar decisiones unilaterales».
La vicerrectora de Posgrado y Gabinete del Rector de la
Universidad de les Illes Balears, Mercé Gambús, dejó clara ayer la
postura del Campus sobre el decreto que suprime la Junta
Avaluadora: «El informe que hemos emitido a la Conselleria
d'Educació dice que la supresión de la JAC es perfectamente legal,
aunque no es justificable, dada la trayectoria, la eficacia y el
buen trabajo que ha desarrollado la junta desde su creación».
Gambús aseguró también que «nosotros no hemos desmentido al Govern.
Fue el director de Política Lingüística, Miquel Melià, quien
efectuó unas declaraciones confusas. Desde la UIB sólo hemos dicho
que la medida es legal, pero no justificable».
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