Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en este país, las
tribulaciones de los partidos políticos vascos toman buena parte
del protagonismo a nivel nacional. Ahora mismo, tras la celebración
del controvertido debate parlamentario sobre ePlan Ibarretxe y la
convocatoria de elecciones autonómicas, los dimes y diretes de cada
líder político del País Vasco adquieren relevancia nacional.
Y como no podía ser de otra manera, los extremistas de Batasuna
vuelven a convertirse en el centro de atención, a pesar de
representar a una minoría allí y a una colectividad minúscula en el
conjunto del Estado. Pero grandes o pequeños, ruidosos sí que son y
no se resignan a hundirse en el olvido, que es donde les tiene la
Ley de Partidos aprobada en la pasada legislatura con el apoyo de
PP y PSOE.
Sin embargo, desde el Ejecutivo de Vitoria se anuncia el interés
en que los abertzales puedan concurrir a la cita con las urnas del
17 de abril, a pesar de que han evitado a toda costa condenar la
violencia etarra, gesto que tal vez les permitiría recuperar la
legalidad perdida.
El argumento de Ibarretxe consiste en defender la normalización
política de Euskadi, lo que exige la presencia de Batasuna -adopte
las siglas que adopte- en las instituciones, pues representa el
sentir de una parte de la población, condenada hoy al ostracismo.
Pero Batasuna va más allá y pide nada menos que no se cumpla la Ley
de Partidos en el territorio vasco. Una locura que el Gobierno
autonómico debería tomar como lo que es: impensable. Porque las
leyes están para cumplirse y quien no lo hace se convierte, simple
y llanamente, en un delincuente. Así que los radicales tienen una
única vía para retornar a la vida normal: condenar de una vez por
todas la violencia. Una vez hecho, podrán defender sus ideas -tan
legítimas como cualquiera- por los cauces de la democracia.
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