El Govern exigirá 60 millones extra para poner al día la Justicia en Balears

Edificios nuevos, reformar los actuales inmuebles y actualizar los equipamientos informáticos son algunas de las inversiones que exigirá el Govern al Ministerio de Justicia durante la negociación de las competencias judiciales. En total, según un informe preliminar, las necesidades más urgentes ascienden a 60 millones de euros. Sin esta aportación extraordinaria, el Govern no aceptará las competencias de Justicia.

Entre otras necesidades, el Ejecutivo autonómico considera urgente la construcción de un nuevo edificio para la Audiencia Provincial, que en la actualidad comparte sede con el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Los juzgados de Via Alemania también se han quedado obsoletos y hace falta un nuevo edificio. Las condiciones de los juzgados de Maó y Eivissa han sido calificadas de «tercermundistas» por los técnicos del Govern. El trabajo previo a la asunción de las competencias ha sido realizado por el departamento que dirige la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás.

Al margen de las inversiones extraordinarias que reclama el Ejecutivo autonómico, el informe realizado por el equipo de Estarás también ha cuantificado las necesidades anuales para desarrollar las competencias de Justicia. El Govern calcula que el Gobierno central propondrá transferir un coste efectivo anual de 32 millones, una cifra que será rechazada por la Administración autonómica. El Govern reclamará entre 36 y 37 millones anuales.

Entre otros objetivos, el Ejecutivo quiere mejorar la situación de los abogados de oficio, que en la actualidad cobran poco y tarde. El Govern cuantifica que harán falta unos dos millones de euros extraordinarios para financiar la justicia gratuita.

El actual estado de los equipos informáticos de las dependencias judiciales es uno de los «puntos negros» detectados por los técnicos en su chequeo a la infraestructura del Ministerio de Justicia. El Govern ha calculado que necesitará 3 millones de euros para actualizar los equipos informáticos actuales.

En el proceso de negociación del traspaso de las competetencias judiciales a la Comunitat Autónoma, el Govern rechazará cualquier traspaso que vuelva a hipotecar las arcas autonómicas, tal y como ha ocurrido con Sanidad y Educación. El Ejecutivo teme que vuelvan a transferirse unas competencias mal dotadas y que supongan un lastre económico para la Comunitat Autónoma. En ese caso, no serán aceptadas.