El Govern ha cifrado en 60 millones de euros las inversiones
extraordinarias que deberá aportar el Ministerio de Justicia para
poner al día los edificios judiciales de Balears. Esta será la
propuesta que hará el gabinete autonómico en las negociaciones con
el Gobierno central para traspasar las competencias judiciales a
las Islas.
Edificios nuevos, reformar los actuales inmuebles y actualizar
los equipamientos informáticos son algunas de las inversiones que
exigirá el Govern al Ministerio de Justicia durante la negociación
de las competencias judiciales. En total, según un informe
preliminar, las necesidades más urgentes ascienden a 60 millones de
euros. Sin esta aportación extraordinaria, el Govern no aceptará
las competencias de Justicia.
Entre otras necesidades, el Ejecutivo autonómico considera
urgente la construcción de un nuevo edificio para la Audiencia
Provincial, que en la actualidad comparte sede con el Tribunal
Superior de Justicia de Balears. Los juzgados de Via Alemania
también se han quedado obsoletos y hace falta un nuevo edificio.
Las condiciones de los juzgados de Maó y Eivissa han sido
calificadas de «tercermundistas» por los técnicos del Govern. El
trabajo previo a la asunción de las competencias ha sido realizado
por el departamento que dirige la vicepresidenta del Govern, Rosa
Estarás.
Al margen de las inversiones extraordinarias que reclama el
Ejecutivo autonómico, el informe realizado por el equipo de Estarás
también ha cuantificado las necesidades anuales para desarrollar
las competencias de Justicia. El Govern calcula que el Gobierno
central propondrá transferir un coste efectivo anual de 32
millones, una cifra que será rechazada por la Administración
autonómica. El Govern reclamará entre 36 y 37 millones anuales.
Entre otros objetivos, el Ejecutivo quiere mejorar la situación
de los abogados de oficio, que en la actualidad cobran poco y
tarde. El Govern cuantifica que harán falta unos dos millones de
euros extraordinarios para financiar la justicia gratuita.
El actual estado de los equipos informáticos de las dependencias
judiciales es uno de los «puntos negros» detectados por los
técnicos en su chequeo a la infraestructura del Ministerio de
Justicia. El Govern ha calculado que necesitará 3 millones de euros
para actualizar los equipos informáticos actuales.
En el proceso de negociación del traspaso de las competetencias
judiciales a la Comunitat Autónoma, el Govern rechazará cualquier
traspaso que vuelva a hipotecar las arcas autonómicas, tal y como
ha ocurrido con Sanidad y Educación. El Ejecutivo teme que vuelvan
a transferirse unas competencias mal dotadas y que supongan un
lastre económico para la Comunitat Autónoma. En ese caso, no serán
aceptadas.
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