El proyecto de ley de impacto ambiental que ha comenzado a tramitarse en el Parlament obligará a la restitución de daños y perjuicios a aquellas personas que hayan podido cometer algún delito contra el medio ambiente. El artículo 75 de dicha ley elaborada por el Govern establece que «cuando la ejecución de un proyecto produzca daños al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, el promotor deberá de restituir, a su cargo, la realidad alterada o ejecutar las medida compensatorias de efectos ambientales equivalentes y, si es necesario, abonar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios causados al medio ambiente y a la administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que sea procedente».
El punto dos del artículo 75 añade que el órgano sustitutivo determinará, en procedimiento contradictorio y previo informe del órgano ambiental, la forma y las actuaciones necesarias para la restitución de la realidad física o biológica alterada o la ejecución de las medidas compensatorias. Es decir, se fijarán los plazos de ejecución de las medidas compensatorias, fijando los plazos de iniciación y la conclusión de las actuaciones y, si hace falta, la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios causados a la administración y el plazo para abonarla, con el informe del órgano ambiental y audiencia al interesado. En caso de que existan divergencias sobre la cuantía de la sanción, se hará una tasación. En cualquier caso, la restitución de la realidad física será compatible con la imposición de las sanciones por la comisión de la infracción.
Planes
Al margen de estas medidas sancionadoras, con la entrada en vigor de la ley, será obligatorio la elaboración de planes de evaluación ambiental la construcción de autopistas, cambios de trazados de autovías, ampliación de carreteras convencionales, construcción de líneas de ferrocarril, electrificación de ferrocarril, aeropuertos, puertos comerciales, nuevas instalaciones de recepción de combustibles y pantales para cargas y descargas, entre otras.
La futura ley evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica que entrará en vigor este mes de julio incluirá en su régimen sancionador multas de hasta 240.000 euros por la presentación de proyectos con datos falsos, aunque las infracciones muy graves pueden recibir castigos de hasta 2,4 millones.
La imposición de sanciones para los técnicos responsables de los proyectos en los que se incluyan datos falsos es una de las novedades principales del anteproyecto de ley de evaluación de impacto ambiental. En el pasado debate de la enmienda a la totalidad presentada por Esquerra Unida-Els Verds, el titular de Medi Ambient, Jaume Font, destacó que el Govern cumplía con esta ley toda la normativa nacional y comunitaria. De hecho, sólo Esquerra Unida-Els Verds había presentado una enmienda a la totalidad, que fue rechazada en el último pleno del Parlament. Font quiere el máximo consenso.
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