El anuncio realizado por la consellera d'Interior, Àngeles Leciñena, en la presentación de los proyectos de su Conselleria para la presente legislatura respecto a la creación de la policía autonómica pone, de nuevo, el proyecto en el centro del debate político y social. Esta iniciativa, que figura en el vigente Estatut, cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, pero existe una grave indefinición respecto a las funciones que se le pueden encomendar al futuro organismo armado a las órdenes directas del Govern.
De las manifestaciones en sede parlamentaria de la misma Leciñena se desprende que, por el momento, ni la misma Conselleria d'Interior tiene claros los objetivos, misiones y efectivos de la futura policía autonómica cuya puesta en marcha no es, en absoluto, una demanda de la sociedad balear. La inoperancia de algunas iniciativas previas en Andalucía y Galicia, adjudicando meras tareas de vigilancia de edificios autonómicos a algunas unidades de la Policía Nacional, o la imposibilidad de asumir los modelos de Catalunya y el País Vasco por su elevadísimo coste económico, Balears está obligada a buscar un modelo propio de policía.
Delimitar sus competencias, ajustar sus efectivos y contener los gastos son los ejes sobre los que debe pivotar la idea de constituir una policía autonómica que no debe solapar las tareas que en estos momentos desarrollan con eficacia tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y, por supuesto, las diferentes policías locales. La consellera ha manifestado que se solicitarán informes técnicos previos a la toma de cualquier decisión, la cual se quiere adoptar con el máximo de los consensos. Hay que celebrar esta cautela inicial por parte del Govern, un proyecto así no puede ser fruto de la improvisación o del oportunismo político.
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