Con cierto retraso respecto a las pretensiones iniciales, el Govern ha aprobado el proyecto de ley que paraliza algunos de los proyectos urbanísticos más agresivos de Balears, en concreto de Mellorca y Eivissa. El acuerdo, fruto de unas largas negociaciones internas, materializa la nueva orientación que en materia de ordenación y protección territorial quiere imponer el Ejecutivo que preside Francesc Antich. No cabe duda que, a la vista de determinadas reacciones, la propuesta no satisface a todos los grupos políticos; circunstancia que ha provocado curiosas coincidencias en partidos de ideología y trayectoria antagónicas.
La necesidad de poner orden y mesura en el desarrollo urbanístico de Balears es un objetivo al que apenas se ponen reparos, aunque ello no significa que la Administración puede atribuirse la adopción de medidas que vulneren los derechos adquiridos legalmente por los ciudadanos, la seguridad jurídica es un principio que con demasiada alegría se cuestiona desde los poderes públicos. Aunque haya que parafrasear a Maquiavelo, el fin no justifica los medios.
La ausencia de Cala Blanca y Cala Marçal Vell "en Andratx y Felanitx, respectivamente" en el listado del Govern, por distintas razones, ha suscitado la curiosa alianza de intereses entre el Partido Popular (PP) y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) en lo que es fácil interpretar una clara intencionalidad electoralista. Los conservadores participaban, durante la pasada legislatura, en la gestión del Ajuntament d'Andratx y del Consell de Mallorca. Desde ambas instituciones podría haberse actuado en contra del deterioro de Cala Blanca. Otro tanto puede decirse de Cala Marçal. Flaco favor a la coherencia el que se hace desde las filas del PP.
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