M.Juncosa09/02/08 0:00
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Treinta y nueve empresas de Balears presentaron el año pasado concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), lo que supone igualar los datos del ejercicio precedente, según refleja la Estadística Concursal de 2007 difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística. El informe del INE también informa que seis personas físicas sin actividad empresarial fueron concursadas durante el año pasado en las Islas, al no poder hacer frente a diferentes tipologías de deudas, créditos hipotecarios, separaciones matrimoniales, entre otras causas.

La Estadística del Instituto Nacional de Estadística indica que del total de empresas concursadas, 13 sociedades estaban englobadas en el sector de la construcción, sólo una más que en el ejercicio anterior, y otras cuatro en actividades inmobiliarias o de servicios empresariales, una menos que en el año 2006, lo que indica que la crisis del sector no se ha hecho notar, al menos todavía, en el número de asuntos.

Entre el resto de actividades económicas, destacan las siete suspensiones de pagos declaradas por empresas industriales o las cinco de empresas de comercio, mientras que en el sector de la hostelería sólo se produjo un caso.

Naturaleza jurídica y empleo
La Estadística del Procedimiento Concursal difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística pone de manifiesto que la mayoría de asuntos correspondió a sociedades limitadas, en 32 casos, mientras que las seis restantes se distribuyeron a partes iguales entre sociedades anónimas y personas físicas.

Por número de empleados, las empresas concursadas contaban en su mayoría con una plantilla de entre 10 y 19 trabajadores (nueve casos), seguidas de las empresas con 1 o o 2 trabajadores (ocho casos) y centre 20 y 49 empleados (seis casos). En cuanto al comparativo de comunidades autónomas, durante el año pasado Catalunya fue la región con mayor número de deudores concursados (224 casos), seguida de la Comunidad Valenciana (160), Madrid (106) y País Vasco (83) y Andalucía (79). Estas cinco comunidades cutónomas concentraron el 63 por ciento del total de deudores registrados en España.