Con una valentía que merece ser reconocida, el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera, ha dado a conocer los principales elementos que el Govern considera que deben figurar en el futuro modelo de financiación autonómica para, de una vez por todas, resolver los agravios históricos de Balears en su relación con el Estado, los cuales siempre se han querido justificar -como bien apunta el conseller- bajo principios de solidaridad opacos y poco objetivos.
El propio president Antich ha admitido que ésta -la financiación de Balears- será una cuestión central de esta legislatura, una oportunidad que no puede quedar desaprovechada ahora que hay una coincidencia ideológica entre el palacio de La Moncloa y el Consolat de la Mar. Manera, por su parte, apunta una de las claves sobre las que se basarán las reivindicaciones de Balears: el reconocimiento de la población real. Las Islas, en su conjunto, están obligadas a sobredimensionar muchos de sus servicios públicos -limpieza, seguridad, sanidad, red viaria, transportes, energía...,- para poder atender una demanda condicionada por la nada despreciable cifra de más de diez millones de turistas anuales. Las arcas de la Comunitat Autònoma y de los ayuntamientos tienen que hacer frente a estos costes, mientras las grandes inversiones del Estado pasan de largo o tienen que ser objeto de acuerdos puntuales tras arduas negociaciones bilaterales.
Balears no tiene que renunciar a su cuota de participación en los fondos de solidaridad con el resto de las comunidades del Estado, pero ello no debe justificar el mantenimiento de una losa financiera que acabe paralizando el dinamismo de nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad.
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