Juan Mestre22/04/08 0:00
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Las sociedades Mirador de es Trenc y Cases de sa Ràpita, dos las promotoras investigadas por Anticorrupción por los supuestos pelotazos del Plan Territorial de Mallorca, compraron el Àrea de Reconversión Territorial (ART) Son Durí-Campos, en 2006, dos años después de la aprobación del Plan y pagaron por los terrenos un precio superior al valor medio de mercado. En ese momento, aquella Àrea de Reconversión que ha investigado Anticorrupción tenía la calificación de urbanizable y la promotora pagó un precio por encima de los 12 millones de euros, según ha podido saber este periódico. Con la desclasificación anunciada por el Consell de Mallorca, sus propietarios han perdido todo derecho urbanístico ya que el suelo tendrá ahora la consideración de rústico.

La sociedad Mirador de es Trenc difícilmente pudo tener información privilegiada ya que compró los terrenos después de la aprobación del Plan Territorial. Por el contrario que otras promotoras que figuran en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, Mirador de es Trenc no compró los terrenos cuando éstos eran rústicos. Desde 1973, los terrenos Son Durí-Campos, que se encuentran enfrente de la playa de sa Ràpita, están calificados como de desarrollo urbano. En estos terrenos se halla una vaquería en estado semirruinoso que, según el Plan Territorial de Mallorca, tenía que convertirse en un centro de interpretación.

El Plan Territorial aprobado prevé que la propiedad de los terrenos de Son Durí tenía que acondicionar el edificio de la antigua vaquería, crear un centro de acogida y ordenar la superficie que actualmente es utilizada como aparcamiento en la playa de sa Ràpita.

Los derechos urbanísticos de la empresa propietaria de los terrenos también conocía qué posibilidades tenía en la zona. Se permitía la posibilidad de construir viviendas plurifamiliares, con una densidad máxima de 60 habitantes por hectárea. Los espacios libres públicos tenían que ocupar el 10 por ciento de la finca. Aunque también existía la posibilidad de construir un complejo hotelero, la promotora sólo estaba interesada en la edificación de viviendas plurifamiliares.

«No entendemos que Anticorrupción diga que nuestra Àrea de Reconversión hubiese supuesto un pelotazo de 65'8 millones de euros cuando nosotros compramos los terrenos después de la aprobación del Plan Territorial. Por lo tanto, no hubo ninguna información privilegiada porque pagamos por los terrenos un precio superior al de mercado», declaró uno de los afectados por esta polémica.