El ex gerente de Bitel dice al juez que una enfermedad mental le impide "decir no"

El último día de Damià Vidal Rodríguez como gerente de Bitel estuvo dedicado a firmar el pago de facturas pendientes, con la única salvedad de que eran a beneficio de una empresa de la que él mismo poseía un 50 por ciento de las acciones y que por ese mismo trabajo ya había percibido casi 9.300 euros seis meses antes. Helix Infocom S.L. recibió esa jornada postrera en el cargo de su copropietario hasta cinco órdenes de pago consecutivas por un «Plan de criterios de normalización de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades de Bitel», es decir, 84.672 euros.

Pero a la Fiscalía Anticorrupción de Balears no solo le llamó la atención esa circunstancia -habida cuenta de que en contratos adjudicados sin publicidad y sin concurrencia Vidal adjudicó en cuatro años hasta 500.000 euros-, sino que los contratantes «a dedo» de esos trabajos, realizados o no, «debían pagar al gerente de Bitel un porcentaje sobre el total recibido que oscilaba entre el 15 y el 21'50 por ciento».

Según Anticorrupción, a efectos de dotar de apariencia de legalidad a las adjudicaciones de contratos de prestación de servicios, Damià Vidal «se concertó con Iván Guardia Hernández, Alexandre Guardia Hernández y Juan Antonio Romaguera Bosch, para que cuando el entonces gerente de Bitel acordase iniciar un procedimiento negociado sin publicidad, los otros tres querellados presentarían tres presupuestos, alternándose en la presentación de los más bajos y en la adjudicación de los contratos, para de esta forma intentar ocultar la única finalidad perseguida: la obtención ilícita de fondos públicos».

Otra de las acusaciones de la Fiscalía sobre la conducta presuntamente ilícita de Damià Vidal a su paso por Bitel dejó aún mayores huellas contables en la empresa pública. El 14 de julio de 2006 efectuó una transferencia a su propia cuenta bancaria de 27.000 euros -que días después documentó como «préstamo debido a los gastos extraordinarios de carácter personal que estaba soportando» y que a día de hoy no ha devuelto-, y el 6 de octubre del mismo año se transfirió a la misma cuenta 9.000 euros sin preocuparse da dar cobertura formal alguna al traspaso de fondos públicos. Anticorrupción hace constar en su querella que una actuación de esas características tiene un coste importante para el erario público, «ya que no se fija interés alguno, con lo que los costes financieros, además del capital, son asumidos por todos los ciudadanos de esta Comunidad».

En lo referente al uso presuntamente bastardo de la tarjeta de crédito de Bitel, de la que Vidal disponía libremente para gastos de representación, el Ministerio Público tiene acreditado que solo en sus últimos 14 meses al frente de la empresa obtuvo de cajeros automáticos 33.000 euros en efectivo, y que gastó al menos 21.000 euros «en servicios y compras que no eran necesarios para las funciones públicas encomendadas, por lo que únicamente pueden tener la consideración de gastos personales y particulares».

Así, los comprobantes de lo cargado por Vidal al erario público reflejan gastos de una variedad enciclopédica, y entre ellos restaurantes, peluquerías, farmacias, cafeterías, sastrerías, librerías, hipermercados, salones de té, hoteles, billetes de avión, ferreterías, floristerías y tiendas de muebles, y ello en varios países europeos.

Concretamente en enero de 2007, un periplo de cuatro días de Damià Vidal por la Costa Azul francesa le hizo contraer al Govern balear un gasto de aproximadamente 2.000 euros a su paso por Niza, Cannes, el Principado de Mónaco y Antibes. En esta última ciudad gala usó la «carta de plástico» para pagar un recibo de 0'10 euros.

Uno de los capítulos de la amplia investigación que la Fiscalía mantiene abierto aún se refiere a que Damià Vidal habría «difundido sin la debida autorización a empresas privadas documentación confidencial y secreta relativa al Plan de Seguridad de las Comunicaciones del Govern balear». Según Anticorrupción el querellado creó «un área de seguridad dentro de la empresa Bitel sin que se tenga conocimiento de su utilidad, sin que estuviera autorizada y en la que se aplicaron gran cantidad de recursos públicos sin que se conozca su verdadera finalidad».