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PATRICIO CANDIA
«El declarante no quiere contestar». Esa fue la anotación realizada el pasado 20 de abril por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en el folio IX de la declaración del ex gerente de Bitel Damià Vidal, tras la pregunta de por qué había cobrado comisiones a Ramón de la Iglesia y los hermanos Guardia cuando les encargaba informes para la empresa pública.

Vidal, Iglesia, los hermanos Guardia y los Romaguera (Sebastián y Juan Antonio), están imputados en la causa que investiga una supuesta trama de corrupción en Bitel.

Están incriminados por la supuesta comisión de cuatro delitos: malversación de caudales públicos, defraudación, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos.

Hoy está previsto que comparezcan ante la jueza instructora, Carmen Abrines, Sebastián y Juan Antonio Romaguera. El primero fue secretario de Bitel, y el segundo, administrador de Helix Infocom, empresa investigada en la causa.

Tres imputados han declarado ante la jueza que el ex gerente de Bitel les amenazaba con prescindir de sus servicios si no pagaban comisiones.
Vidal sí admitió que cobraba comisiones a Iván Guardia de entre un 16 y un 22 por ciento sobre el importe de cada una de las adjudicaciones. Cuando le preguntaron si también exigía dinero a Ramón de la Iglesia, lo negó, aduciendo que no lo hacía porque «era un empleado de Bitel».

Sin embargo, admitió que De la Iglesia le pagó comisiones en 2005, antes de que de accediera a la plantilla de la empresa pública.
En su primera declaración (posteriormente compareció ante el juez de guardia), Vidal reconoció que había realizado gastos personales con la tarjeta Visa de la empresa, que se asignó sobresueldos y que dispuso de elevadas cantidades de dinero público, aunque «siempre actué de buena fe», afirmó.