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F. BARRASA/P. CANDIA
Siendo uno de los resquicios favorables de las Leyes su caducidad, qué mejor que marear las fechas de un posible ilícito para evitar el castigo civil. Así se hizo en Andratx, al menos desde los años 90, y tal modo de operar "difícilmente casual" se convirtió en paradigma del urbanismo «a la carta» que hizo coincidir el deseo de los promotores y la «bondad» de algunos técnicos y gobernantes. Quedaba el resquicio penal, y la Fiscalía lo acabó abordando.

Solo días antes de que se haga pública la primera sentencia del 'caso Andratx', que implica a su ex concejal de Urbanismo y ex alcalde, Eugenio Hidalgo, al defender «desde la ignorancia de la ilicitud» una vivienda erigida en terreno prohibido andritxol, la propia Audiencia de Palma ha desvelado las claves fáctico-jurídicas de la estrategia seguida, al menos desde 1999, por el Ajuntament que él controlaba.

Según los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia, cuando cabía sospechar alguna presunta irregularidad en Andratx por la «rehabilitación» de una vivienda que infringía el orden urbanístico "por ejemplo una ruina trasmutada en casa de lujo sin posibilidad alguna de acreditar su interés social", y el Consell de Mallorca reclamaba al Ajuntament la documentación pertinente sobre el caso con la posibilidad de que decidiría conforme a Ley incluso su demolición a cuenta del municipio si se establecía que hizo la vista gorda, el resultado era un litigio de años, en el que quedaba varada toda reclamación que excediera de dos meses desde la edificación.

Así figura en la sentencia 130/2008, que da la razón al Ajuntamiento de Andratx y a Mirador de Ponent S.L., por promover y dar el visto bueno respectivamente en 1999 "siendo concejal de Urbanismo Eugenio Hidalgo y jefe del negociado Jaume Massot" a dos licencias para la rehabilitación de la vivienda situada en las parcelas 391 y 392 del polígono 10 de ese municipio, que analizadas luego de una denuncia de particular por el Consell resultaron tan no ser ajustadas a Derecho que ordenó «la restauración del orden urbanístico infringido» y condenó al Ajuntament «a que proceda a su cargo a la demolición de todas las obras realizadas».

Llevar a término esa solución tropieza con la Ley pues el Consell recibió la documentación en marzo de 2004 y no intervino hasta marzo de 2005, excediendo 10 meses del plazo legal para intervenir.

Los cuatro acusados en el primer juicio del 'caso Andratx' "Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert e Ignasi Mir" han sido citados en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma el próximo día 5 de junio para conocer el alcance de la sentencia que dictará el tribunal.