El juez instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', Miquel Florit, ha dictado una providencia a través de la cual advierte a la presidenta del Partido Popular (PP) de Balears, Rosa Estaràs, y a la diputada Mabel Cabrer, de que se abstengan de «dirigir intimidaciones a los testigos o imputados en la presente causa». Además, les recuerda de que «tal conducta podría constituir delito de obstrucción a la Justicia».
El juez se refiere en concreto al testigo Josep Antoni Giménez, quien fue requerido notarialmente por ambas dirigentes 'populares' para que se ratificara en las declaraciones que realizó ante el mismo magistrado relacionadas con el 'Plan Territorial de Mallorca', que investiga plusvalías millonarias -hasta 300 millones de euros según la Fiscalía Anticorrupción- en el cambio de calificación urbanísticas en determinadas Àreas de Reconversión Territorial (ART).
Giménez declaró que Estaràs y Cabrer, y otros dirigentes del PP, estuvieron presentes en una reunión celebrada en 2003, en la que se negociaron tres ART, Secar de la Real, (que luego se cambió por la de es Crevers), la vaquería de Sa Rápita y la de Sóller-Pollença-Sa Rápita.
Según su declaración, que ha coincidido con la que realizó el portavoz de Uniò Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens, quien afirmó que el PP «impuso» esas áreas a cambio de ceder sus votos para la aprobación del PTM.
Estaràs y Cabrer, por su parte, han negado de forma rotunda las afirmaciones de Giménez y de Vicens, insistiendo en que esa reunión de 2003 no se abordó el tema de las ART. Además, anunciaron que iban a emprender acciones legales -una querella- a través del abogado que las representa Rafael Perera.
Giménez, asimismo, arquitecto, ex colaborador de Vicens en la conselleria insular del Territori y actual asesor en la Conselleria de Medi Ambient, se ha ratificado ante notario de sus declaraciones, y también acudió de forma voluntaria ante el juez para explicarle que se sentía «presionado» por ambas dirigentes del PP.
Por ahora, están imputados en la causa Vicens, el ex conseller de Medi Ambient Jaume Font y los promotores Vicenç Grande, Mateu y Cristòfol Sastre.
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