Sucedió en junio de 2000. Aquel mes se produjo el primero, y más graves, de una serie de apagones que dejaron a Mallorca y Menorca sin luz durante varias horas. El Ejecutivo de la época, que presidía Antich, como el actual, acordó una sanción de cien millones de pesetas a Gesa, la entidad suministradora. La hoy consellera de Comerç i Industria, Francesca Vives, formaba parte del aquel Govern como directora general. Ayer celebró que el Supremo avalara esa sentencia.
Vives, que en aquel momento era directora general de Industria y fue quien instruyó el expediente sancionador, destacó en los pasillos del Parlament, la importancia de aquella acción porque «fue la primera vez que un Govern autonómico ponía una sanción a una compañía eléctrica, algo que tuvo mucha repercusión».
«Después vinieron Cataluña y Canarias, pero los primeros que abrimos camino fuimos nosotros», ha explicado Vives, quien ha indicado que «fue un proceso difícil y duro».
La sentencia ratifica así la resolución del Consell de Govern del 13 de junio de 2001 que declaró a la eléctrica responsable de los problemas eléctricos. Las incidencias afectaron a Menorca y Mallorca y ocurrieron en junio de 2000, cuando la falta de mantenimiento de las centrales de producción eléctrica y de las instalaciones provocaron lo que se denomina un «cero eléctrico».
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