La Fiscalía imputa a Vicens y Morales por utilizar su peso político en Son Oms

El escrito con las imputaciones del Ministerio Público, y que dieron origen a la querella criminal que investiga bajo secreto el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, fue puesto en conocimiento de Vicens, Morales, Montis (todos ellos imputados en la causa), y de varios testigos, entre ellos, propietarios de determinadas fincas.

Tras los últimos acontecimientos, el registro del despacho de Montis y las aportaciones de los inspectores de la Agencia Tributaria, la querella del Ministerio Público apunta a la supuesta comisión de seis delitos (cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa y tráfico de influencias) por el 'pelotazo' del polígono de Son Oms, unos terrenos que sufrieron un incremento espectacular de su valor al pasar de no urbanizables a urbanizables.

Según los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, «en los años 1990 y siguientes, los señores Maximiliano Morales Gómez y Bartolomé Vicens Mir, se dirigieron a los propietarios de las fincas de mayor extensión de la zona de Son Oms (que por aquel entonces eran terrenos no urbanizables) y les ofrecieron la posibilidad de gestionar y obtener la recalificación de la zona merced a su influencia política y a su vinculación con la mercantil de Inspecciones Técnicas de Mallorca SA, propietaria, también, de terrenos en esa zona».

Recalificación

Y añade: «Para el caso de que obtuvieran la recalificación y el valor de las tierras experimentaran un importantísimo incremento, los propietarios deberían ceder de forma gratuita el 15% de cada una de las fincas a Morales y Vicens. Los citados señores Morales Gómez y Vicens Mir eran cargos relevantes en el partido político Unió Mallorquina y merced a ello y a que dicho partido tenía capacidad de gestión en el municipio de Palma (en donde están ubicados los terrenos de Son Oms) y en el Consell Insular de Mallorca (administración competente en la ordenación del territorio) convencieron a muchos de los propietarios para que firmaran un 'contrato de gestión urbanística' con las condiciones antes descritas».

En ese contexto, Anticorrupción señala en su escrito que «en febrero de 1999 se publicó el nuevo PGOU de Palma que recalificó los terrenos y pasaron a ser suelo urbano de aprovechamiento industrial».

«El 6 de abril de 1999 los propietarios de las mayores fincas firmaron ante notario un contrato público de compraventa por el que enajenaban el 15% de sus fincas a Gestora de Desarrollo Son Oms. El querellado Jaime Montis había constituido y controlaba dicha sociedad que había sido creada expresamente para recibir las tierras comprometidas a cambio de la recalificación. Con la creación de dicha mercantil se ocultaba la procedencia y origen de ese activo patrimonial que en realidad obedecía a la ilícita contraprestación por haber conseguido de la administración una decisión urbanística. Por ello se ocultó la identidad de los intermediarios (Vicens y Morales) y se hizo figurar una serie de compraventas cuando en realidad no existió precio alguno».

La Fiscalía también destaca el caso de uno de los «grandes propietarios» que se negó a ceder el 15% de su finca y que por ello se le asignó «una serie de terrenos que estaban gravados con servidumbres aéreas» (radar, cabecera de pista) que suponían «una notable merma de sus aprovechamientos urbanísticos. Tales servidumbres les fueron ocultadas a dicho propietario», según los fiscales Anticorrupción.

Y subrayan: «El valor de las tierras cedidas gratuitamente a los querellados puede ascender a 1'2 millones de euros, pese a que en la escritura pública no superan los 85.000 euros como precio de venta que se hace constar».