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El Govern modificará todo el ordenamiento de la asistencia social en Balears, recogido en una ley de 1987 y que ha quedado obsoleta, para hacer de la asistencia social un derecho fundamental, exigible en los Tribunales.

La Ley de Servicios Sociales, cuyo borrador ya está elaborado y la consellera Fina Santiago presentará el lunes, es la primera que llevará el sello de Esquerra Unida, la formación a la que representa dentro del Bloc.

La nueva ley irá acompañada de una 'Carta de Derechos Sociales' que recogerá los llamados 'derechos sujetivos', que son de la persona o el sujeto, también llamados «subjetivos».

Este tipo de derechos lleva aparejadas cargas que no pueden ser soslayadas por el Estado. Es también la filosofía de la Ley de Dependencia del Gobierno central, que corresponde desarrollar a las comunidades.

La gran novedad de esta ley, que Fina Santiago quiere exponer a la opinión pública antes de su aprobación definitiva, que podría ser en septiembre, también será consultada con el PP.

La gran novedad de la misma es que, a través de su desarrollo, abrirá la puerta a que una serie de derechos, además de enunciarse, tengan su cuantificación económica y pueda ser recurribles a los tribunales. Sólo dos comunidades, la de Asturias y la del País Vasco, inciden ahora en esa misma línea. El Bloc llevaba este compromiso en su programa electoral.

El proyecto de ley más avanzado de todo el Estado es el del País Vasco. Allí, su consejero de Servicios Sociales (Javier Madrazo, de Izquierda Unida) ha incluido incluso el derecho a la vivienda y el incumplimiento de este derecho puede ser reclamado en los tribunales. Sin embargo, no parece que se vaya a mantener en el texto definitivo. Tampoco figura en la Carta de Derechos de Baleares.

La ley establecerá una serie de derechos asistenciales y fijará en que condiciones deben ser atendidos, como el de la ayuda a domicilio. Por ejemplo, obligará a la Administración a fijar una serie de horas en las que debe garantizar la asistencia a personas discapacitadas.

La norma fijará las competencias de cada administración y abogará por la coordinación entre las instituciones. Además, establecerá que cualquier persona, residente o transeúnte, debe tener garantizadas una serie de prestaciones.

La ley se desarrollará con la enumeración de estos derechos 'sujetivos' mediante un catálogo de prestaciones. La atención primaria, por ejemplo, incluirá ayuda a domicilio, apoyo a personas cuidadoras, teleasistencia y centros de acogida.

La idea es crear un sistema de servicios sociales con igual rango que el sanitario, el educativo o de las pensiones, explicaron a este diario.
Si se cumplen los plazos previstos, la Ley de Servicios Sociales será aprobada próximamente en el Consell de Govern y, en septiembre, llegará al Parlament. Podría ser la tercera ley de relativa importancia que apruebe el Govern de las Islas, después de la ley de medidas urgentes para la protección del territorio y de la ley de la Vivienda.

La primera de estas leyes lleva el sello del PSM, la segunda del PSOE y ésta, de EU. UM quiere aprobar una Ley del Paisaje.