El súbito parón en la venta de viviendas ha sumido al sector inmobiliario de Balears en una grave crisis, hasta el punto de proponer al Govern la adopción de medidas "destinadas a paliar la grave situación financiera en la que se encuentran numerosas empresas constructoras" tan peculiares como la recalificación de viviendas de 'precio libre' a 'precio tasado' (de protección oficial) sólo para poder acceder a las subvenciones oficiales. El simple hecho de que se presente una propuesta de estas características, aunque su efecto real sobre la oferta será mínimo, es una prueba real de la dimensión y profundidad del problema.
Dentro del marco de una economía de libre mercado resulta paradójico que los constructores reclamen, ahora, ayudas públicas "la VPO generan subvenciones para los constructores y los compradores de viviendas de estas características" cuando, precisamente, sólo en Balears el parque de inmuebles en venta es de casi cinco mil unidades y los precios, según los últimos estudios de mercado, sólo han descendido apenas un 2 por ciento en las de segunda mano. Conviene recordar el notable incremento de precios que han sufrido los inmuebles en los últimos años, hasta el punto de que la oferta de VPO en Balears se redujo a mínimos históricos.
El enorme peso del sector inmobiliario en el conjunto de la economía balear obliga, como no podría ser de otro modo, a establecer medidas de contención de crisis por el elevado coste social que puede acabar representando. Así lo ha entendido el Govern que preside Francesc Antich. Sólo en este especial contexto y debido a las consecuencias que se derivarían de un empeoramiento todavía más notable se deben entender ayudas excepcionales con fondos públicos.
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