La detención y posterior ingreso en prisión del ex edil palmesano Javier Rodrigo de Santos ha causado auténtica conmoción social por los nuevos delitos que se le imputan: abusos sexuales a menores, los cuales se añaden a las causas anteriores vinculadas a su gestión del área de Urbanisme en el Ajuntament de Palma, tanto la irregular contratación de un castillo infantil como la utilización de caudales públicos, mediante tarjetas de crédito, para pagar gastos en clubes de alterne.
También en este nuevo caso debe prevalecer la presunción de inocencia, pero atendiendo a la evolución de los acontecimientos, es razonable suponer que cuando el juez ordena su ingreso en prisión sin fianza es porque tiene en sus manos indicios sólidos de la comisión de uno o varios delitos tan graves como es el de abusos a menores.
A medida que se conocen más detalles de las andanzas personales de Javier Rodrigo de Santos, toma cuerpo con toda su crudeza la existencia de una doble vida, pública y privada, en definitiva una doble moral de quien se permitía dar lecciones de ética y participaba en procesiones y acontecimientos organizados por la Iglesia católica. ¿Cómo pueden sentirse quienes confiaron en De Santos y para los que era un político ejemplar de profundas convicciones religiosas cuando leen que la policía sospecha que se aprovechó de actividades vinculadas a la Iglesia para presuntamente captar a menores para sus inclinaciones sexuales?
Ahora deben ser los jueces los que determinen el grado de responsabilidad en los delitos que se le imputan a Javier Rodrigo de Santos López, algunos de ellos cometidos hace años. De confirmarse los indicios que le han llevado a prisión, ¿se dirá de nuevo que fue la droga la que llevó a estas perversiones? ¿Todavía puede haber más sorpresas?
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