El pleno del Consell aprobó ayer, con los votos en contra del PP, la modificación puntual del Pla Territorial de Mallorca (PTM) que desclasifica es Guix -urbanización ubicada en Escorca-, con lo que se impide el proyecto urbanístico previsto en la zona. Las Àreas de Reconversión Territorial (ART), por su parte, se mantienen, aunque no podrán desarrollarse sin que el Consell apruebe un reglamento que lo permite. La intención es llegar a un acuerdo posterior entre el equipo de gobierno para eliminar algunas.
La desclasificación de es Guix centró buena parte del debate, tanto el político como el de los asistentes, entre ellos vecinos de Escorca. El alcalde del municipio, Antoni Gómez, acudió al pleno para defender su intención de presentar una querella criminal por prevaricación contra los consellers que votaran a favor de la medida por considerarla «ilegal». Le acompañó el presidente de la asociación de vecinos de la localidad, Bernat Vallori, quien afirmó que, en sólo un día, recogieron 150 firmas contra la desclasificación. Unas firmas que se contrapusieron a las 13.406 que el colectivo en defensa de Lluc, representado ayer por el ex blavet Pep Obrador, presentará en el periodo de alegaciones para mostrar su apoyo a la decisión del Consell.
El acuerdo
Para Maria Lluïsa Dubon, consellera insular de Territori, la modificación del PTM tiene que ser «más ambiciosa», una idea que respaldó Joana Lluïsa Mascaró, portavoz del Bloc en el Consell. Mascaró, además, insistió en que la inclusión de es Guix «no es un cambio de cromos» para que el Bloc diera el visto bueno al acuerdo. Miquel Àngel Flaquer, portavoz de UM en la institución insular, aseguró que se ha demostrado que el PTM es «una buena herramienta», ya que «la modificación mantiene la esencia de la norma y clarifica aspectos que no estaban claros». «UM da por cumplido uno de los puntos del pacto de gobernabilidad». Por su parte, el PP insistió en que «la modificación no paraliza la posibilidad de desarrollar las ART», según Antònia Perelló.
Otro tema que también se trató fue la revisión del sistema de escombros para ajustar los costes, a lo que se comprometió la presidenta, Francina Armengol. El portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, recordó que la institución está pagando al Govern y a Cort la planta de secado térmico del barro que genera la incineradora y el alquiler de los terrenos donde está el vertedero, respectivamente. Armengol dijo que desde el Consell se trabajará para que «cada uno pague lo que le toca».
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