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La sentencia absolutoria de los catorce encausados en el llamado 'caso Caballistas', doce de ellos ediles o ex ediles del Partido Popular en otros tantos ayuntamientos de Mallorca, y dos funcionarios municipales, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha causado sorpresa por su contundencia a la hora de resolver el núcleo central del asunto, toda vez que, en opinión de los jueces, no ha existido falsedad en la emisión de los certificados "acreditaban la actividad de la Agrupación de Caballistas de ses Salines en sus respectivas localidades", en el caso de que la hubiera sería «inocua» ni tampoco negligencia. Además, el fallo considera que ninguno de los políticos "incluido el ex alcalde de ses Salines" y técnicos tuvo conciencia de la eventual ilicitud de sus actos.

Para los magistrados del TSJIB los hechos probados en el 'caso Caballistas' no han merecido el más mínimo reproche jurídico ni moral sobre todo lo ocurrido. Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba 6 años de prisión para el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, y hasta 9 meses de suspensión del cargo o inhabilitación para el resto de los ediles, algunos de ellos alcaldes.

La propia sentencia recuerda la prescripción de la posible infracción urbanística cometida con la ampliación de casa, propiedad de Vidal, que servía de sede social de la Agrupación. Pero no se juzgaba un asunto urbanístico sino uno de supuesta falsedad documental.

Desde el primer momento ya se advirtió que el 'caso Caballistas' no se podía incluir en el capítulo de corrupción política, aunque ello no presuponía que iban a quedar impunes toda una serie de acciones administrativas irregulares promovidas, tal y como se admite en la misma sentencia, por Vidal y en las que involucró a sus compañeros de partido.