Munar asumió ante el juez el tope de 30 millones por Can Domenge y dijo que «lo hubiese firmado»

El precio limitado de salida de Can Domenge es uno de los argumentos principales de las acusaciones -Ministerio Fiscal y Núñez y Navarro- ya que la oferta del constructor catalán doblaba el tope de 30 millones ofrecido por los adjudicatarios del concurso, Sacresa y Construcciones Ferratur. Munar declaró que lo ofrecido por Núñez (61 millones de euros) era «una estratagema» porque «no es normal ofrecer más dinero si se sabe que no se va a valorar».

Preguntada sobre quién tomó la decisión de limitar, bloquear la oferta económica, respondió que fue «el área económica (del Consell de Mallorca) en base a la valoración que tenía el Consell y fue una limitación máxima para no tener problemas en el futuro, evitar la especulación del propio CIM, tener un buen proyecto y que el coste de la (futura) vivienda fuera asequible».

Expectación
La presidenta del Parlament declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en medio de una gran expectación. Por primera vez, un juez le imputaba en una causa investigada durante dos años en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma. Munar no firmó el decreto que aprobó el concurso de Can Domenge (en diciembre de 2005) ya que estaba de baja.

A la pregunta de quién redactó esas bases, ya que tanto Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, entonces consellers insular de Economia y Territori, respectivamente, se han desmarcado del tema, Munar fue tajante: «Las bases se hicieron entre todos ellos».

Admitió, asimismo, que «en algún momento» se barajó la posibilidad de sacar Can Domenge a subasta, «pero se discutió si priorizaba el tema económico o el arquitectónico, y se optó por la vía del concurso».

Dijo que la decisión de enajenar los terrenos «es posterior» a la de desafectar y que se tomó esa decisión porque «mucha gente pensaba que el Consell debía ceder gratis el solar, por ello, se llegó a la conclusión que lo mejor era el sistema del concurso».

El fiscal Pedro Horrach le reguntó, también, si le había llegado la noticia de que algún representante de los ganadores del concurso, Sacresa y Ferratur, hubiesen hecho entrega de dinero en concepto de comisiones, o a alguien de su entorno, respondió que no le consta. De la misma forma, negó de forma terminante que pudiera haberse registrado el pago de comisiones o sobornos.

Proyecto emblemático
Con respecto a lo que ella entendía por un «proyecto emblemático», dijo que en esos años «se hablaba de que se podría revalorizar determinadas zonas de Palma, como por ejemplo Bilbao con el museo, en un proyecto en que se valoraba la arquitectura, el urbanismo, con el objetivo de mejorar el entorno debido a la ubicación del solar de Can Domenge entre el cementerio y el psiquiátrico».

También recordó, a preguntas de su abogado Gabriel Garcías, que «nadie» había impugnado las bases del concurso, por lo que entiende que todos los que participaron aceptaron que eran correctas. Sobre quién había valorado el concurso, explicó que un arquitecto del Consell, otros dos profesionales de reconocido prestigio y otros dos del propio Colegio de Arquitectos. Asimismo, negó que el plazo de 15 días (ampliado a otros 15 más) para la presentación de ofertas limitara la presentación de candidatos, ya que «optaron 34 empresas en 13 UTES».