Matas tratará de demostrar hoy que no es un corrupto

El juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro, imputó al ex presidente del Govern Jaume Matas en la causa el pasado 15 de octubre de 2009. Más de cinco meses después y centenares de diligencias realizadas por la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, declaraciones de inculpados y testigos, Matas comparecerá para responder a las preguntas que le formulen el magistrado, los fiscales Juan Carrau, Pedro Horrach y los abogados personados.
Está imputado por nueve delitos, en concreto los de prevaricación, cohecho, malversación, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.
El caso nació con la investigación del sobrecoste en la construcción del velódromo, pero luego derivó en la indagación del patrimonio de Matas y su supuesto incremento irregular.
Una tercera ramificación de la causa, secreta hasta la semana pasada y en la que prestó declaración la eurodiputada Rosa Estaras, es la supuesta financiación ilegal del PP mediante contratos a la empresa de comunicación Nimbus.
Denuncias
En una jornada que se prevé intensa y que ha despertado una gran expectación, Matas se defenderá asistido por los abogados Rafael Perera y Manuel Ollé. El primero, un letrado de gran ex periencia y que ya se encargó de la defensa de otro ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, y el segundo, especialista en derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El 'caso Palma Arena', fue en sus inicios, la 'operación Espada', abierta por el sobrecoste del velódromo, que triplicó su presupuesto al pasar de 48 a 110 millones de euros. Inaugurado a toda prisa en febrero de 2007, pocos meses antes de las elecciones municipales, la causa culminó con la detención en agosto de 2009 del ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester y el ex portavoz del PP en el Ajuntament de Palma Rafael Durán, entre otros.
El supuesto enriquecimiento ilícito de Matas, en cambio, inició su recorrido en la Fiscalía en noviembre de 2008, tras recibir cinco denuncias de ciudadanos. Al cumplirse seis meses de investigación, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se opuso a prorrogar las diligencias abiertas debido a que los indicios «no eran lo suficientemente sólidos», según comunicó a los fiscales Carrau y Horrach. Poco después, el juez Castro reclamó las competencias sobre la investigación del patrimonio de Matas.
No obstante, esa decisión ha sido recurrida por Gregorio San José, abogado de una de las imputadas en la causa, Josefa Lorca. El juez rechazó el recurso y será la Audiencia de Palma la que decida sobre esa cuestión.
En el auto donde justifica su negativa a separar de la causa la investigación sobre el patrimonio de Matas, el juez afirma, sobre el sobrecoste de 50 millones de euros del velódromo, que «las sospechas se van tornando en racionales indicios de criminalidad cuando las de mayor trascendencia económica se hacen en favor de personas vinculadas de una manera u otra a quien de hecho las decide».
Bienes
Y en relación a los bienes del ex presidente, señala: «Hay indicios racionales de que la génesis del patrimonio de (Jaume) Matas pueda ser delictivo».
Una de las grandes interrogantes que se plantean en las horas previas a la declaración de Matas, sus familiares, y Reus, es el alcance de las medidas cautelares que puede pedir el fiscal. Se espera una fianza elevadísima para eludir la cárcel o, incluso, prisión sin fianza, además de la retirada del pasaporte, entre otras.