Barceló, ayer.

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El Govern aprobó ayer el decreto por el cual se establecen los derechos y los deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de Balears.

La portavoz del Govern, Joana Barceló, explicó que este decreto tiene por objeto «promover y desarrollar medidas y recursos por fomentar la convivencia escolar, así como por prevenir y gestionar conflictos, fijar las normas de convivencia y los mecanismos de corrección de las conductas contrarias».

La directora del Institut per a la Convivència i l´Exit Escolar, Elena Navarro, subrayó que la principal novedad es que en caso de que un alumno mantenga un comportamiento contrario a las normas podrá ser expulsado de clase y volver a la siguiente. Mientras que hasta ahora, el decreto vigente de 1995 establecía que todo estudiante que fuese expulsado de clase no podía volver al centro hasta un mínimo de cinco días y un máximo de dos semanas después, si bien añadió que los centros no solían cumplían este precepto.