En opinión de la Delegación del Gobierno, el escrito que registró Cerezález en esta institución demuestra que «conocía los términos legales para convocar esta protesta», por lo que ha destacado en un comunicado que la manifestación «continúo a sabiendas de que no estaba cumpliendo con la legislación, porque se comunicó fuera de plazo».
La Delegación del Gobierno ha apuntado además que esta protesta, que realizaron los trabajadores de IB3 ante el Consolat de Mar contra el ERE de CBM, coincidió con la manifestación de los trabajadores del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), «que sí se había convocado ajustándose a la ley».
La institución ha afirmado que «no distingue entre manifestaciones, ni manifestantes de ningún tipo».
Y en ese sentido, ha recordado que, desde que tomó posesión de su cargo, la delegada de Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, no ha prohibido «ninguna de las numerosas manifestaciones convocadas según los plazos legales», sino que «solo se ha limitado a regular horarios e itinerarios para respetar los derechos tanto de los manifestantes como del resto de los ciudadanos».
Palmer ha apelado a la «responsabilidad de convocantes y participantes en el ejercicio de su derecho de manifestación para convocatorias futuras», para evitar situaciones que «alteren la seguridad de los participantes y vulneren los derechos del resto de ciudadanos».
Por su parte, el Comité de Empresa de CBM criticó el pasado viernes «el último capítulo de burla» contra los trabajadores de IB3 que, en su opinión, ha supuesto la multa de 301 euros que ha recibido Cerezález por «promover» la concentración «pacífica», en la que no hubo «ningún daño personal, ni material».
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