En el recurso de apelación que ha interpuesto que en un primer momento denegaba su petición de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Bernal ha aseverado que su patrocinado «no tenía capacidad de decisión ni en ningún momento ha realizado actuaciones, ya sean pagos, asistencia a reuniones o cualquier otro tipo» sin estar convencido de que fuesen «conformes a derecho».
«No hay motivos suficientes para acusarlo de delito alguno», incide el abogado, quien recalca que «parece claro que el señor Bernal en todo momento pensó que actuaba conforme a la normativa que en cada caso le resultaba de aplicación», más en concreto en el marco de las contrataciones entre el Illesport y Nóos investigadas en el marco de estas pesquisas.
La defensa hace alusión asimismo al régimen jurídico de las fundaciones, abundando en el hecho de que todas las contrataciones del Illesport se han realizado «dentro de su normativa específica», en aras a lograr una mayor agilidad en las materias que constituyen su objeto fundacional, y «no poniendo en riesgo en ningún momento intereses generales puesto que todos aquellos contratos se ejecutaron correctamente, conforme a las directrices dadas por el órgano de gobierno de la Fundación.
Así las cosas, el letrado hace hincapié en que se tome en cuenta no sólo el hecho de que se trata de una fundación sino también el vacío normativo existente, la falta de poder de Bernal por cuanto «sólo ostentaba funciones meramente ejecutivas que incluso le venían avaladas» así como el resultado de las auditorías externas que de forma anual se aprobaban en sentido favorable.
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