Olga QuintanillaMadrid02/03/13 0:00
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Los ciudadanos de Balears presentaron en 2012 ante el Defensor del Pueblo 1.087 quejas, lo que representa un aumento del 163%, así como 6.855 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, frente a las 5 que se registraron en 2011. Estas cifras sitúan Balears en la octava posición entre las comunidades autónomas que más denuncias presentaron y en la undécima posición en cuanto a la intermediación de recursos judiciales. El mayor número de reclamaciones se presentaron en sanidad y política social (507), seguidas por empleo, educación y cultura (297), economía y hacienda (119), seguridad y justicia (105), medio ambiente y urbanismo (36) y en migraciones e igualdad de trato (23). Las quejas individuales admitidas y tramitadas ante las administraciones autonómicas ascienden a 18, de las que 14 se encuentran en trámite y 4 se han concluido satisfactoriamente excepto una. Sobre transporte aéreo, son varios los expedientes presentados por la menor frecuencia de vuelos entre las islas y el precio para los residentes, por lo que esta institución inició una investigación de oficio ante la Secretaría General de Transportes. Respecto al aumento de las tasas aeroportuarias el Defensor señala en su informe: «Ha supuesto la oposición de los usuarios afectados ya que algunas compañías han aplicado las nuevas tarifas con carácter retroactivo a billetes adquiridos antes de la entrada en vigor de la norma.

Manifestación

En ciudadanía y seguridad pública, se alude a una queja relacionada con la disolución de una manifestación celebrada en Palma y afirma que «disolver una manifestación porque se haya superado en algún tiempo la hora prevista para su finalización, supone una restricción no justificada del derecho de reunión pacífica y sin armas» por lo que recomendó a la Delegación del Gobierno en Balears que, «no adopte medidas policiales que supongan una injerencia en el derecho de reunión pacífica y manifestación».

La educación no universitaria ha aglutinado varias quejas motivadas por la falta de convocatorias públicas para acreditar la especialidad de auxiliar psiquiátrico. En su informe, el Defensor constata que la administración educativa balear ha iniciado algún proceso de acreditación de cualificaciones en la rama sanitaria pero no otros por «razones presupuestarias». Sobre política social, se recogen bastantes quejas relativas a la renta básica de emancipación de los jóvenes por la supresión de la ayuda y la demora en el pago de la misma. En cuanto a las solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, se registraron 6.855 de las que 6.820 pertenecieron a empleo, educación y cultura; 32 a seguridad y justicia y 3 a sanidad y política social. Así destaca dos leyes polémica, la reforma de Ley de Función Pública de Balears y el Decreto ley de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público en Balears. Entre las recomendaciones del Defensor, destacan la realizada a la Gerencia Territorial del Catastro de Palma de Mallorca para adoptar determinadas medidas sobre procedimientos administrativos tributarios para mejorar las relaciones entre el Catastro y los ciudadanos.