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El exportavoz del grupo ecologista GOB, Miquel Àngel March, ha negado hoy haber construido en una zona protegida de una finca agrícola de su propiedad situada en el municipio de Pollença, durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma.

March está acusado por un particular de un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado presuntamente unas pocilgas en una finca rústica calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI), una construcción que habría derribado en 2007, hechos por los que dicha acusación popular solicita para el ecologista dos años de prisión y una multa de 3.240 euros.

Durante la primera jornada del juicio, celebrada esta mañana, el exportavoz del GOB ha explicado se llevó a cabo una rehabilitación de la construcción principal de la finca L'Assarell en el año 2000 y que en 2001 su madre solicitó una subvención para reparar los desperfectos que había sufrido una construcción agrícola dedicada a cochiquera, que había sido dañada por un temporal.

Ha negado haber aprovechado la licencia de obras de la casa para actuar sobre la construcción agrícola próxima y ha recalcado que si bien se derribaron varias edificaciones precarias destinadas a pocilgas en el año 2007, desde que tuvo conocimiento de la denuncia por un presunto delito contra la ordenación del territorio no ha vuelto «a tocar nada».

Un payés que ha trabajado en la finca y un vecino han atestiguado en el juicio que la pocilga cuestionada existía al menos desde los años 70. Hasta cuatro peritos han coincidido en que si se hubiera solicitado licencia para reparar e incluso para reconstruir la pocilga, previsiblemente habría sido concedida.

El juez de lo Penal 7, Eduardo Calderón, ha aplazado hasta mañana a las 12.00 horas la continuación del juicio y ha mencionado expresamente que no solicita la presentación de los informes finales «por si alguna de las partes reconsidera su postura», si bien ha solicitado a la acusación popular que si lo presenta concrete las fechas de comisión del delito.

La Fiscalía ha pedido la absolución al inicio de la vista por considerar que no existe delito y que de existir estaría prescrito.