La asamblea de personal de Benestar Social intervino ayer en el pleno para denunciar «retrasos en el pago de las prestaciones económicas para alimentación y vivienda, que han supuesto desahucios, cortes de suministro, mala o insuficiente alimentación de las familias».

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La asamblea de personal de Benestar Social intervino ayer en el pleno para denunciar «retrasos en el pago de las prestaciones económicas para alimentación y vivienda, que han supuesto desahucios, cortes de suministro, mala o insuficiente alimentación de las familias».

Desahucios. A preguntas de los periodistas, la regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, respondió que «es posible que haya habido algún caso del que yo no tenga constancia» y pidió a los trabajadores que si sucede se lo hagan saber. «Tenemos más de 20.000 usuarios y 600 profesionales y pueden darse casos que no son los esperados, pero en el momento que ocurre me pongo en marcha para encontrar soluciones. Cuando yo he tenido conocimiento he actuado», aseguró. Ferriol destacó el incremento de las ayudas, «se ha pasado de destinar 1,5 millones la pasada legislatura, cuando Eberhard Grosske hablaba de tsunami social, a 4 millones en 2014».

Pago. La oposición exigió a Cort que pague las ayudas urgentes de comida, higiene, luz, agua y vivienda en un máximo de 48. El PP lo rechazó y argumentó que no puede garantizar su cumplimiento pese al aumento presupuestario y la agilización de los pagos, que ha permitido agotar por primera vez esta partida presupuestaria. «Los profesionales están haciendo un esfuerzo inmenso, pero hay un procedimiento administrativo que se debe respetar», explicó Ferriol.

Listas de espera. Los trabajadores de servicios sociales también denunciaron un aumento de las listas de espera y aseguraron que en algunos casos han llegado a tres meses. Otras críticas son el retraso en el pago a proveedores, que ha motivado que algunos se nieguen a trabajar con el Ajuntament; así como la desaparición de entidades que no han podido sobrevivir a los retrasos en los pagos.

Trabajadores. La asamblea de personal expresó su preocupación por la situación y el futuro de los trabajadores. Exigieron al pleno que «manifieste la voluntad de continuidad» de los servicios sociales y a la Conselleria de Benestar Social un decreto ley que «mantenga las actuales competencias municipales», como han hecho otras comunidades. También pidieron «el claro compromiso de las otras formaciones políticas de respetar este modelo». Los empleados argumentaron que «el Govern tiene un nivel superior de endeudamiento que Cort», que tiene superávit, y advirtieron que «el traspaso de competencias hace peligrar la garantía de la cobertura económica y técnica de los servicios sociales».

Comisión. La oposición también exigió que se garanticen los servicios sociales más allá del 31 de diciembre de 2015. La regidora de Benestar Social reiteró que no pueden asumir este compromiso hasta que no sepan qué competencias pertenecen a cada institución. Para ello, la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha creado una comisión en la que participan todas las instituciones. «Lo que es seguro es que los servicios se prestarán», espetó Ferriol.

La socialista Aina Calvo ironizó que «los fondos estatutarios, carta magna de la Comunitat, no hay que cumplirlos, y la Ley de Racionalización de la Administración sí».

‘Corea'. Cort se reunirá con los vecinos del bloque XII de ‘Corea' para ver qué deficiencias tienen que reparar la constructora y cuáles no están cubiertas en la garantía, pero los propietarios están dispuestos a modificar por su cuenta, asumiendo los riesgos de perder la garantía. Propietarios del bloque XII acudieron al pleno para pedir más iluminación, que le quiten las chapas de las ventanas y solventen las deficiencias. Gobierno y oposición volvieron a darse la culpa de la situación.