El vicealcalde de Valencia admite que se contrató a Nóos por Urdangarin

La recta final del ‘caso Nóos' parece más las rampas del Tourmalet. Cuando las últimas declaraciones parecían cerrar ayer la instrucción, un nuevo recurso de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, dilata de nuevo el final. La declaración del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, fue un trámite para permitir la posible apertura de juicio oral contra él y la ‘conexión Odessa' se hundió incluso antes de lo esperado, una vez que el testigo que la mantenía se vino abajo en diez minutos.
Salvo sorpresa mayúscula, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau se convirtió ayer en el último imputado en bajar la rampa y declarar por el ‘caso Nóos'. Como casi todos los imputados de la trama valenciana echó balones fuera. Afirmó que la decisión de contratar con el instituto por valor de 4,5 millones de euros fue colegiada en el seno de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía. Señala además que no se hizo un procedimiento de contratación porque funcionaba como una empresa privada y, por lo tanto, no se consideró necesario. En todo caso matizó que se contrató a Nóos para los Valencia Summit por la presencia del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. De hecho, lo que vino a decir es que la contratación se la planteó a la fundación el entonces secretario autonómico de Eventos, Luis Lobón, a través de la sociedad gestora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). Éste habría sido quien pactó las condiciones con Diego Torres, según el vicealcalde.
Mientras tanto, la acusación popular Manos Limpias insiste en que se haga una pericial caligráfica para dilucidar si las firmas de la infanta Cristina en las actas de Aizoon son suyas.
El juez Castro ya resolvió la cuestión en un auto esta semana. En esa decisión afirmaba que hay que tener por ciertas esas firmas, toda vez que la propia Cristina de Borbón no las ha denunciado. La abogada de Manos Limpias, Virgina López Negrete, insiste en conocer «la verdad material» y en solicitar esa pericial, básicamente para curarse en salud en un posible juicio ante la posibilidad remota de que en ese trámite sí sean impugnadas las firmas. De esta manera, el final del ‘caso Nóos' se retrasará al menos hasta que Castro resuelva el recurso.