Preguntado sobre si confía en dictar cuanto antes el auto de pase a procedimiento abreviado, donde definirá quiénes son presuntamente responsables de los presuntos delitos de corrupción investigados, Castro ha afirmado: «Es lo que quiero».
«No me dejan», ha ironizado el magistrado en alusión a la demora que supondrá la presentación este sábado de un nuevo recurso por parte del sindicato Manos Limpias, que insiste en reclamar que se realice una prueba caligráfica para confirmar si la firma de la infanta Cristina figura en actas de la empresa Aizoon, de la que era propietaria junto a su marido.
Castro ha hecho estas escuetas declaraciones al salir de los Juzgados de Palma tras tomar declaración este sábado como imputado al vicealcalde de Valencia, Anfonso Grau, y a un empresario que ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Barcelona como testigo.
La abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete ha defendido la necesidad de que se realice la prueba caligráfica, en contra de lo que decidió el pasado miércoles Castro, porque es necesario que «se corrobore» que los duques de Palma no ponen «ninguna tacha» a las firmas atribuidas a ellos que aparecen en las actas de su empresa.
«De lo contrario nos podemos encontrar con que el día del juicio oral, como imputados y con el derecho que les asiste a no declarar contra sí mismos, nos encontráramos con una situación inverosímil de negación de firmas en el momento en que ya no se puede practicar ninguna prueba más», ha argumentado la letrada.
En el auto en el que rechazó la pretensión de Manos Limpias, Castro argumentaba que «deberá ser ella (la infanta) y no terceros quien, de advertir que su firma ha sido falseada, así lo denuncie».
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