ANDRATX - URBANIZACIONES - EL CIM LLEVA AL AYUNTAMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES POR PERMITIR LA URBANIZACION DE MONPORT . MAS FOTOS EN EL DISCO DEL DIA 16-6-2006 | Michel's

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El Govern insiste en que es legal la disposición que permite la legalización de urbanizaciones que no cuentan con todos los servicios -situación en la que se encuentra Es Guix-, a pesar de que el TSJB opina precisamente todo lo contrario.

Los magistrados del tribunal balear consideran que no se puede legalizar sin más una urbanización que no cuenta con los servicios básicos porque contraviene la legislación básica estatal y, por tanto, es inconstitucional.

La conocida como 'ley Company' abría la posibilidad de legalización de urbanizaciones sin todos los servicios y, pese a que la ley fue derogada, esta disposición se incorporó con posterioridad en la ley del suelo. Por lo tanto, lo que ahora sería inconstitucional, según el TSJB, sería la ley del suelo.

Sin embargo, el Govern no lo ve de la misma manera y puntualiza que la propia sentencia del TSJB incorpora un matiz importante. Señalan que los magistrados creen que no se puede legalizar urbanizaciones «si no es a través del correspondiente procedimiento y, por supuesto, con la exigencia de cumplimiento de todos los deberes urbanísticos básicos».

Coherente

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«Desde la Direcció General del Territori comparten plenamente la lectura del Tribunal y entienden, por este motivo, que la disposición es coherente con la legislación básica estatal», afirmó un portavoz de la Conselleria d'Agricultura.

En el departamento que dirige el conseller Gabriel Company insisten en que los suelos urbanizados ilegalmente no reciben una legalización automática, sino que tienen que hacerlo a través del correspondiente instrumento de planeamiento.

Insisten además en que la ley que cuestiona el TSJB deja claro que es obligación de los propietarios asumir las cargas de urbanización y los deberes de cesión que le corresponden.

Interpretaciones

El Govern añade que no cabe ninguna duda de que la ley es constitucional y, si existen normas de interpretación, señala que deben ser los propios tribunales quienes resuelvan las discrepancias. «Si el TSJB considera que la ley es inconstitucional, puede presentar un recurso y que el Alto Tribunal resuelva las dudas», dijo el mismo portavoz.