El juez José Castro antes de tomar declaración a diversos testigos del caso Ópera. | Teresa Ayuga

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El expresidente del Govern Jaume Matas fue quien ordenó contratar al arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el proyecto de construcción de un palacio de la ópera en Palma en 2007 y quien estableció el precio, fijado en 1,2 millones, según ha declarado este lunes un testigo ante el juez del caso Palma Arena.

Ha detallado que la orden de Matas fue transmitida por el entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, al consejo de administración del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), que fue el que contrató al arquitecto para diseñar un proyecto que no llegó a hacerse realidad, han informado fuentes jurídicas.

Seis testigos, entre ellos varios ex altos cargos de distintos departamentos de la Conselleria de Educación en la legislatura 2003-2007, han prestado declaración ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, en el marco de la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la contratación de Calatrava para elaborar un proyecto de teatro de ópera en Palma.

Un testigo ha explicado que, después de la contratación de Calatrava, el Ibisec encargó a la Abogacía de la comunidad autónoma la elaboración de un informe sobre la modalidad de contratación del procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad por razones técnicas o artísticas.

Dicho informe explicaba que esa modalidad solo es factible cuando hay una sola entidad o persona que pueda hacer un trabajo, y dicha exclusividad debe quedar justificada en el expediente de contratación.

Ha indicado que el modelo de contratación no lo determinó el consejo de administración del Ibisec, sino el órgano de contratación de dicho instituto.

Otro de los testigos ha explicado que elaboró un informe posterior acerca de dicha contratación, también por encargo del Govern pero ya en la legislatura siguiente, en el año 2008, que llegaba a la conclusión de que no estaba debidamente justificada la elección de esa modalidad de contrato.

Algunos de los testigos citados han sido llamados por el juez para aclarar la contratación del acto de presentación de dicho proyecto de la ópera, que se iba a celebrar en Palma pero que fue suspendido por orden de la Junta Electoral Central que lo prohibió la víspera porque vulneraba la legislación al celebrarse un mes antes de las elecciones autonómicas.

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Los trabajos de dicha presentación fueron contratados a la empresa Clave y otras de su entorno y la Fiscalía Anticorrupción investiga si fue un contrato fraccionado, ya que todos los gastos los pagó el gabinete de Presidencia, y si pudo haber irregularidades al elegir a las empresas contratadas.

El juez ha solicitado documentación a uno de los testigos, sobre la contratación de su empresa por parte de la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales del Govern en marzo de 2007, por 10.960 euros, para realizar el montaje y desmontaje de una carpa en la Plaza de España para la que iba a ser la presentación del proyecto de la ópera.

Este martes están citados a declarar otros nueve testigos, además de dos que inicialmente habían sido citados para este lunes.

Varios de ellos son los responsables o representantes legales de empresas que realizaron trabajos para esa presentación pública abortada y que cargaron por ello facturas a la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales que suman casi 99.000 euros.

La última testigo citada es la que fuera secretaria general técnica de la citada conselleria, Jane King.

El pasado 10 de junio, el juez Castro retiró de forma provisional la imputación que pesaba sobre Calatrava por esta causa, la pieza 3 del Palma Arena. También desimputó a dos altos cargos cuyos departamentos intervinieron en la contratación del arquitecto, y al exconseller Fiol.

Pocos días después, Fiol declaró como testigo y reiteró ante el juez instructor que fue Matas quien le ordenó iniciar el proceso para encargar a Calatrava el diseño del teatro de la ópera de Palma, una tramitación que, según aseguró, fue «completamente legal».

El expresidente autonómico balear, encarcelado por corrupción en Segovia, es ahora el único imputado en la causa, después de que Castro haya denegado provisionalmente archivar la causa en relación a él.