El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará este martes, a partir de las 10.30 horas, al exconcejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma, Javier Rodrigo de Santos, quien está citado a declarar en calidad de testigo en el marco de la última pieza abierta en el caso Palma Arena, centrada en la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como en las irregularidades que rodearon a la compra y reforma de su sede.
El juez le emplazó a comparecer tras incoar la pieza número 28, con la que daba respuesta a la documentación presentada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre la reforma del inmueble, entre la que se hallaban numerosas facturas así como la confesión efectuada el año pasado por el exregidor, condenado por otras dos causas de corrupción, ante el Ministerio Público.
Y es que, según las pesquisas, los pagos relativos a la sede habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
De hecho, en el auto con el que abrió este último fleco, Castro señala cómo examinados los documentos entregados por Horrach, «se aprecia que aquéllos, con independencia del resultado al que pudieran abocar, contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del PP» y que estos hechos «podrían relacionarse con contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores».
Circunstancias que, añade, de ser ciertas «constituirían delito» que guardaría analogía con los que son ya objeto de investigación en la causa, en cuyo seno el magistrado indaga desde hace más de cinco años si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.
En la declaración que efectuó ante el fiscal, De Santos manifestó que «en más de una ocasión» el empresario que presuntamente pagó la adquisición de la sede del PP balear le comentó que «por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE».
En una contundente comparecencia, efectuada en julio de 2014, el exedil explicó que el empresario en cuestión, Antonio Pinal, propietario de Bruesa, le comentó que ayudó en la compra del inmueble de los 'populares' a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.
La declaración tuvo lugar, en concreto, en el marco de las diligencias que la Fiscalía tiene abiertas en torno a la concesión presuntamente irregular de la construcción y explotación de Son Espases, sobre la cual recordó cómo Matas le pidió una «cantidad importante» de dinero al empresario y presidente de ACS, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicado este expediente.
Rodrigo de Santos señaló que sabía por terceros que el exministro había reclamado esta dádiva por la concesión, aprobada en 2006, y que el concurso estaba manipulado. El propio Florentino Pérez aseguró en la comisión de investigación de Son Espases impulsada por el Parlament no conocer nada de este tema ni haber hablado con Matas «ni de obras, ni adjudicaciones».
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