Así lo ha acordado mediante una providencia que ha dictado este martes, en la que accede a la solicitud cursada en este sentido por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y que el magistrado extiende al resto de inculpados. El cómputo finalizaba inicialmente el 1 de abril.
Los acusados deben asimismo hacer frente al pago de un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 2,6 millones corresponden a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron Urdangarin y Torres en torno al Instituto Nóos.
Una vez presentados los escritos de defensa, el juez remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 70 tomos, y su futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.
La Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel para 14 de los inculpados -no acusa a la Duquesa de Palma y a otros dos procesados-, mientras que el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, reclama ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
En concreto, las penas más elevadas que solicita el Ministerio Público son los 19 años y medio de cárcel que reclama para Urdangarin, y los 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma «directa e inmediata» a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
A lo largo de 673 páginas, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura «hueca de contenido real» y urdieron «una maraña de facturación ficticia» para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».
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