La que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de este departamento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), María Angeles Mallent, ha reconocido que no se emitieron informes previos en relación a la utilidad y la fórmula jurídica del denominado Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió más de tres millones de euros cuando el coste real de los eventos habría sido de unos 900.000.
Mallent ha declarado como testigo en la jornada de este viernes del juicio que se celebra en Palma por el caso Nóos, en la que, como ya hiciera en instrucción, no ha aclarado el porqué la ausencia de estos informes. La exjurídica estuvo imputada durante varios meses en la causa tras así acordarlo el juez que instruyó estas pesquisas, José Castro, quien le atribuyó un delito de prevaricación. Posteriormente fue archivado su encausamiento.
A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la testigo ha manifestado que fue el exdirector general de Cacsa José Manuel Aguilar -acusado en este procedimiento judicial- quien, en 2004, propuso la firma del convenio con la entidad dirigida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
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