El Govern invertirá 8 millones en vivienda social

También se contemplan actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas y reurbanización en los centros históricos de Santa Maria del Camí, Es Mercadal-Fornells, Maó, Alaior y Sant Lluís-Binifadet y Ses Barraques.

Los proyectos suman inversiones totales de 8,2 millones de euros, que asumen el Govern balear, el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos. En el caso de la rehabilitación de viviendas y edificios particulares, habrá también aportaciones de los propietarios.

Las nuevas promociones de viviendas se construirán en Palma (5 viviendas), Sant Lluís (4 viviendas) y Sa Penya (11 viviendas).

El segundo grupo de actuaciones está ligado a proyectos de rehabilitación y regeneración urbanas de los cascos antiguos de distintos municipios.

Para estos casos, el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas prevé ayudas tanto para los ayuntamientos, para llevar a cabo actuaciones de urbanización o reurbanización, como calles, plazas o mobiliario urbano, como para los particulares que quieran reformar o rehabilitar viviendas o edificios de su propiedad.

El Govern gestiona las ayudas realizando las convocatorias correspondientes. En el Consell de Govern de este viernes se ha acordado la concesión de las subvenciones correspondientes a los ayuntamientos de Sant Lluís (82.500 euros), Santa Maria del Camí (43.750 euros), Es Mercadal-Fornells (80.000 euros), Maó (200.000 euros) y Alaior (75.000 euros).

Por otra parte, el ejecutivo ha dado el visto bueno al decreto de creación de la Comisión de Inmersión Digital y el Grupo Técnico de Inmersión Digital.

Con este decreto, el Govern da un paso necesario para adaptar la Administración a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015, aprobadas por las Cortes Generales del Estado, que regulan la administración electrónica, fomentan la simplificación administrativa e impulsan el uso de los medios electrónicos en las relaciones con el administrado.

Estas dos leyes establecen que la tramitación electrónica tiene que constituir la actuación habitual de las administraciones públicas. Por este motivo se crean la Comisión de Inmersión Digital y el Grupo Técnico de Inmersión Digital.