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Terraferida ha criticado hoy que, si bien la reforma de la Ley de Turismo aprobada por el Govern reconoce el problema de la saturación, "no pone un techo claro de plazas turísticas" en las Islas, amnistía las existentes sin reducirlas y no articula medidas a la altura de la problemática existente.

La entidad conservacionista considera que la regulación del alquiler vacacional aprobada ayer en el Consell de Govern con la reforma de la Ley de Turismo "llega tarde y mal, porque el alquiler turístico ya generaba problemas graves hace dos años", ha informado el colectivo en un comunicado.

Reprocha al Govern que haya "perdido un tiempo precioso para evitar que el problema adquiriera la dimensión actual" y que no haya acordado antes una moratoria que se hubiera podido incluir en el decreto ley 1/2016 aprobado en enero del año pasado y evitar el "efecto llamada", generado mientras se ha tramitado la reforma.

Terraferida ha recordado que, según un informe reciente del Colegio de Arquitectos, la edificación turística se encuentra en máximos históricos.

Según la entidad, falta un diagnóstico fiable del número de plazas turísticas, incluidas las de alquiler vacacional legales e ilegales, y el Govern "sigue sin reconocer que las Islas tienen más de 600.000 plazas turísticas, lo que le obligaría a cerrar decenas de miles que son ilegales".

Terraferida ha criticado que la reforma deja la puerta abierta al aumento del techo de plazas por parte de los consells a través de los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) y los planes territoriales insulares (PTI) "sin límites claros", y que además haya dos bolsas diferenciadas, una para plazas turísticas en establecimientos y otra para viviendas.

También rechaza que permita la comercialización turística en viviendas plurifamiliares, que no limita el número de plazas por propietario o comercializador, rebaja de 10 a 5 años la antigüedad mínima de la vivienda a alquilar y permite la licencia en viviendas con expediente de disciplina urbanística abierto sin sanción firme.

Además da potestad a los consells para hacer excepciones a la prohibición de nuevas altas de viviendas residenciales comercializadas turísticamente en suelo rústico protegido, renuncia a aplicar que sea obligatorio dar dos plazas de baja por cada plaza nueva y permite mezclar usos residenciales y turísticos.

Terraferida cree que esta norma constituye "una especie de amnistía" a las plazas existentes y "favorece la especulación, por no establecer un mínimo de antigüedad de la vivienda".

La entidad únicamente cree positivo que la ley clarifique y diferencie el alquiler turístico del residencial, facilitando las tareas de inspección y sanción; elimina la mayoría de excepciones a la adquisición de plazas; y reconoce el problema de la saturación y su relación con la especulación y el problema de acceso a la vivienda.

También alaba que reconoce que la oferta ilegal reduce la oferta de alquiler residencial, que ha hecho aumentar los precios de la vivienda, el fraude fiscal y los problemas de convivencia; establece que el techo máximo de plazas o capacidad de acogida debería ser fijado de acuerdo criterios territoriales y ambientales y permite a los ayuntamientos ser más restrictivos con el techos de plazas.

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