Pilar Costa, Biel Barceló y Marc Pons, durante la rueda de prensa del Consell de Govern.

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El Govern balear ha aprobado mediante un decreto ley la modificación de su propia ley del alquiler turístico de Baleares para regular y ordenar el negocio del alquiler turístico de pisos en el archipiélago, una modalidad con mucho éxito en los últimos años.

La ley del alquiler vacacional del PP de la pasada legislatura prohibía totalmente el alquiler turístico de los pisos y con la nueva ley aprobada el 18 de julio en el Parlament por los partidos de izquierda (PSIB, MÉS y Podemos) se pretendía ordenar este tipo de alquiler, que es muy habitual en el caso de Palma.

Sin embargo, la ley nació con contradicciones -resultaba inaplicable- por las objeciones de última hora que puso Podemos, por lo que hoy el Govern ha salvado la situación con este decreto ley.

El alquiler de pisos a turistas continuará prohibido en Baleares hasta que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma determinen en qué zonas y con qué condiciones se autoriza porque estas instituciones tienen las competencias de ordenación urbanística. Tienen un año para decidir si lo permiten y en qué modalidad.

Por ejemplo, es muy posible que en la capital balear, gobernada por las formaciones progresistas, será legal el alquiler vacacional de la vivienda habitual durante un máximo de 2 meses, siguiendo el ejemplo de Amsterdam, mientras que en toda la isla de Ibiza puede que se prohíba totalmente.

La ley sí permite el alquiler a turistas sin límite de tiempo en viviendas unifamiliares -chalés- y pareados.

El propósito del ejecutivo es hacer frente al continuo encarecimiento de los alquileres para los residentes de Baleares y los trabajadores temporales que cada año llegan a las islas y tienen extremas dificultades, caso de Ibiza, para encontrar un lugar donde residir.

Por contra, esta modalidad resulta económica y cómoda para los grupos de turistas que permanecen unos días en las islas y disponen de casa propia. Mientras tanto, para el arrendatario puede resultar rentable esta modalidad debido a la gran cantidad de turistas que contratan este servicio a través de portales en Internet.

El Parlament balear ratificará la ley del Govern en un pleno extraordinario la primera semana de septiembre tras una negociación de los partidos progresistas para salvar la situación que ha sido «más compleja de lo que debía, aunque bienvenida sea», ha declarado hoy el vicepresidente del ejecutivo y conseller de Turismo, Biel Barceló.

El vicepresidente ha subrayado que es «prioritario el acceso» a la vivienda de los ciudadanos de Baleares.

La ley recoge el concepto de «emergencia vacacional» que ha introducido Podemos y su finalidad es aprobar medidas urgentes cuando se detecten dificultades para el alquiler de pisos por parte de la ciudadanía.

La «emergencia vacacional», ha explicado el conseller, fija un mecanismo ágil para dar una respuesta «adecuada, proporcionada e inmediata ante estas dificultades».

La ley también introduce como novedad que cualquier alquiler inferior a 30 días se considerará turístico y que cualquier plataforma de Internet que comercialice los pisos turísticos deben mostrar el número de registro de la Conselleria de Turismo que permite el alquiler de esa vivienda.

Las plataformas de alquiler que publiciten viviendas para arrendamientos cortos sin el preceptivo número de autorización y comercialicen pisos o casas no registradas podrán ser multadas con hasta 400.000 euros.