El Ajuntament de Palma pide una prórroga para ejecutar la sentencia de Son Banya. | Teresa Ayuga

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El Ajuntament de Palma ha solicitado al juez una prórroga hasta el primer trimestre de 2018 para ejecutar la orden de desalojo de Son Banya.

La regidora de Benestar, Merçè Borràs, ha explicado este viernes que si no se le concede este aplazamiento, Cort está preparado para atender a las familias del poblado. En este sentido, ha detallado que se realojará a 15 familias, tras comprobar que no tienen alternativa de vivienda, y ha asegurado que se estudiará cada caso en particular. La regidora no ha precisado en qué barrio serán realojados, pero sí ha asegurado que no será en los más «vulnerables» de Palma: Son Gotleu, la Soledat norte y sur, Verge de Lluc y Son Ximelis.

«Trabajamos en el realojo de las familias que lo necesitan y que están afectadas por el desalojo, que irá acompañado de un plan de reinserción», ha agregado Borrà. «Comenzaremos el proceso en cuanto nos contesten desde el juzgado». «Si no se concede la prórroga, aceleraremos la maquinaria», ha precisado la regidora, quien ha recordado que el Consistorio lleva trabajando en el asunto desde principios de 2017.

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Según ha explicado Borràs, este aplazamiento fue pedido a través de un informe realizado en junio, puesto que en el dispositivo intervienen diferentes administraciones. «Todo necesita su tiempo y un poco más de tiempo nos da tranquilidad», ha añadido.

«El objetivo es acabar desmantelando el poblado de Son Banya», por lo que, tras el desalojo, a medida que haya disponibilidad técnica y presupuestaria, se irán derribando las viviendas afectadas, ante el elevado riesgo de que puedan volver a ser habitadas. De las 45 familias con orden de desalojo, treinta tienen otras viviendas a las que pueden mudarse.

Si el juez admite el aplazamiento del desalojo hasta el primer trimestre de 2018, Cort calcula que el desmantelamiento será un proceso de tres años, hasta 2020.