El nuevo marco regulador de la actividad en hostelería está condicionado por los ejercicios más rentables de la historia. En la imagen, una de las zonas emblemáticas de la Playa de Palma. | Ultima Hora

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Los representantes de las patronales de la restauración y las salas de fiesta se han marchado de la reunión en la que se encontraban junto con los hoteleros, en la sede de la Conselleria de Treball, donde trataban de avanzar hacia un nuevo convenio de la hostelería.

Estos empresarios han mostrado disconformidad con los términos aceptados por los hoteleros, especialmente en lo que tiene que ver con las subidas de salarios, destacando que no podrían asumir tales costes y que, en caso de tener que hacerlo, ello comprometería la viabilidad de muchas empresas condenándolas al cierre.

Los distintos agentes del sector se han reunido con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio que regirá las condiciones laborales de los más de 115.000 trabajadores en Baleares, y aunque la posibilidad de un preacuerdo ha planeado este mediodía sobre el encuentro las discrepancias entre las propias patronales lo han evitado.

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Las áreas sectoriales de servicios de los sindicatos UGT y CCOO ya avanzaron esta semana las líneas principales que defenderán que se incluyan en el XVI convenio de hostelería, en lo que atañe a una progresiva reducción de las cargas laborales, un incremento salarial que alcance una cifra cercana al 20 por ciento en 4 años y limitar las externalizaciones.

El último convenio firmado, que está vigente hasta el inicio de la próxima temporada turística, se suscribió tras meses de negociaciones. En este caso, el nuevo marco regulador está condicionado por los ejercicios más rentables de la historia de la hostelería.

En este sentido, desde UGT afirmaban que «trasladar el crecimiento económico y las ganancias empresariales a los trabajadores no solo consiste en subir los sueldos, también en mejorar el resto de condiciones».

Para CCOO una de las grandes asignaturas pendientes es la precariedad laboral, que además de perjudicar directamente a los trabajadores incide en la calidad de la oferta turística.