Por su parte, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha recordado que la disposición transitoria 14 estaba en la ley desde el anteproyecto y ha alertado de las «indemnizaciones millonarias» que podrían reclamar los propietarios de Platja d'en Bossa -entre ellos la familia Matutes- si se les obligase a derribar las edificaciones.
Por ello, desde la Conselleria han mantenido que la disposición, que ha suscitado las críticas de MÉS, Podemos y entidades como el GOB, responde «al interés público».
La disposición transitoria permite a los ayuntamientos, cuando se revise el planeamiento actual, clasificar como urbanos terrenos clasificados actualmente como urbanizables siempre y cuando cumplan una serie de condiciones -como disponer de los servicios urbanísticos básicos como alcantarillado o asfaltado y que estén edificados en más de un 90 por ciento-.
Además, los propietarios deberán cumplir con los deberes de cesión que corresponden a los suelos urbanizables, como aparcamientos, equipamientos y espacios libres públicos, si bien se permite un pago sustitutorio en caso de que sea físicamente imposible efectuar esta cesión.
Podemos, MÉS y entidades como el GOB criticaron esta disposición por considerar que se trataba de «urbanismo a la carta» para supuestamente beneficiar a una urbanización de la familia Matutes en Platja d'en Bossa (Ibiza).
Durante un encuentro informal con los medios, Pons ha subrayado que la disposición criticada estaba incluida «desde la primera exposición pública» y «no se había cuestionado hasta el momento». Tampoco hubo «ninguna oposición» ni en comisión ni en ponencia. Además, Pons ha dicho que desconocían el voto del PP, que finalmente permitió que la disposición saliera adelante en el pleno.
El conseller ha defendido que es una «ley progresista» con «importantes medidas de disciplina urbanística». En esta línea, ha apuntado que entre la izquierda, exceptuando esta disposición transitoria, todos «coinciden en que es una buena ley».
Pons ha apuntado que «el urbanismo ibicenco tiene peculiaridades que no se encuentran en ningún otro sitio como ejemplos de mala praxis» pero que «genera problemas que obliga a abordar».
En esta línea, tanto el conseller como el director general han apuntado los terrenos de Ibiza mencionados se encuentran en un «limbo legal» que se podía resolver de dos modos, otorgando la clasificación de suelo urbano, «dando lo que ya es», o «hacer que se derribe» y pagar indemnizaciones.
En este sentido, Pons ha alertado de las elevadas cantidades que podrían suponer dichas indemnizaciones, atendiendo al valor de las edificaciones, que tienen 20 años, y que contaban con licencias municipales.
Con todo, el conseller ha rechazado que la disposición transitoria tenga repercusiones en otras zonas de Mallorca y Menorca, como había advertido el GOB, puesto que no se cumplen todas las condiciones para acogerse a la disposición. Desde la Conselleria han insistido en que no han encontrado ningún otro caso que pudiera servir para reclasificar o restar protección a terrenos.
Asimismo, el director general ha destacado el carácter transitorio de esta disposición, que sólo afectará a los terrenos que se encuentren en esta situación en el momento de entrada en vigor de la ley.
Por ello, los terrenos podrán convertirse en urbanos sólo cuando se revise el planeamiento y lo que se construya después será ilegal. «A partir de ahora, el que haga una vivienda ilegal, que tenga bien claro que su demolición no prescribirá nunca», ha avisado Corral.
El director general ha concluido que lo que no podían hacer «es cerrar los ojos frente a esta problemática». Este jueves, Corral prevé reunirse con Podemos para explicar los detalles de esta disposición.
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